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El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, realizó junto al Director de la Dirección General de Aguas, Rodrigo Sanhueza, un sobrevuelo por el río Maipo, luego de una denuncia realizada por redes sociales el 22 de noviembre, donde se daba cuenta de trabajos con maquinaria que modificaban el curso del río Maipo en San Antonio-Santo Domingo, región de Valparaíso.
Conocida la denuncia, el titular de Gobierno instruyó una fiscalización en terreno, para verificar la veracidad del hecho e indagar más antecedentes a fin de ejercer sus facultades de policía y vigilancia. Dicha fiscalización se realizó el 24 de noviembre, donde la DGA observó vía inspección ocular y mediante dron, una modificación de cauce y extracción de aguas mediante motobombas.
Con los antecedentes reunidos en dicha inspección en terreno, más datos que constan en el Servicio, la DGA realizó este lunes 28 de noviembre la notificación a los eventuales infractores, a quienes se les formularon los hallazgos detectados y tendrán un plazo de 15 días hábiles para hacer sus descargos. En dicha instancia se pudo comprobar que las aguas no eran desviadas hacia el Fundo Los Lilenes, como se informó en primera instancia.
Una vez recibidos los descargos de los notificados, la DGA proseguirá la tramitación del expediente, elaborará el informe técnico para determinar si los hechos corresponden a una infracción, quién es el autor o autores, responsabilidades y sanciones que correspondan.
Al respecto, el ministro García señaló que “en el sobrevuelo que hicimos hoy sobre el río Maipo pudimos identificar 10 potenciales infracciones, principalmente de modificaciones de cauces, las que van a ser verificadas por nuestros equipos de la DGA”.
A su vez, el ministro de Obras Públicas destacó que “la mayoría de las personas y las empresas cumplen el Código de Aguas. Pero lamentablemente hay algunos infractores que se han acostumbrado a tomar decisiones ilegales, creyendo que no van a ser sancionados. En nuestro Gobierno, eso no va a ser así, porque estaremos permanentemente fiscalizando que se cumpla el Código de Aguas”.
Por último, explicó que este año han aumentado un 20% las fiscalizaciones “y sumamos multas por más de 3.500 millones de pesos. Pero el objetivo final no es cobrar una multa, el objetivo es que no haya extracciones ilegales, que no se modifiquen los cauces sin los permisos y que entre todos cuidemos el agua”.
Cabe mencionar que, según datos de la Dirección General de Aguas, a nivel país durante este 2022 se han abierto 1.475 expedientes de fiscalización y se han resuelto 1.082 hasta ahora. Además, se han cursado 449 multas por un total 61.142 UTM.
