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Como parte del plan anual de Fiscalización 2023 de la Superintendencia de Educación de Valparaíso, durante estos meses se llevará a cabo el programa referente a cánones de arriendo. El Programa de fiscalización tenencia – arriendo local escolar recursos 2021, implica verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de aquellos sostenedores que hacen uso del establecimiento educacional, a través de un contrato de arriendo.
El Director Regional de la Superintendencia de Educación, Reinaldo Orellana, se refirió respecto al inicio de este programa, enfatizando que “uno de nuestro pilar fundamental es la fiscalización sobre el adecuado uso de los recursos a los establecimientos subvencionados, municipales y de servicios local de educación del país, que reciben aporte estatal, para que estos recursos vayan en directo beneficio de la educación de las niñas, niños y adolescentes, por lo que este programa va orientado precisamente en revisar la correcta utilización de los dineros destinados al arriendo de bienes inmuebles de las entidades educacionales que reciben subvención del estado”.
La fiscalización de los contratos de arriendo donde funcionan entidades educacionales en la región, a fin de garantizar que los dineros entregados por el Ministerio para pago de los arriendos sean utilizados de forma correcta, se realiza sobre una muestra de establecimientos y sobre los gastos destinados para ese ítem durante el año 2021.
Respecto al canon de arriendo, el objeto del programa es verificar que el sostenedor cumpla, en los plazos que determina la ley, con la obligación de pagar por concepto de arriendo del local escolar como máximo el 11% del avalúo fiscal del inmueble, dividido en 12 mensualidades y que tanto el contrato de arriendo como los pagos señalados se cumplan de forma correcta, a fin de garantizar la continuidad educativa de los y las estudiantes.
En el caso que durante la fiscalización se detecte una falta a la normativa educacional o una irregularidad con algún contrato de arriendo de inmueble de alguno de los sostenedores de la muestra a fiscalizar, en caso de no ser una falta subsanable, el sostenedor no solo arriesga una multa que puede llegar a las 1.000 UTM sino que, por tratarse de una falta grave, se puede sancionar con privación de la subvención e incluso la revocación del Reconocimiento oficial.
