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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Director General de la PDI, Sergio Muñoz, dieron a conocer la operación Orión II, liderada por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, a través de los 28 fiscales especializados en todo el país y la Jefatura Nacional del Cibercrimen de la PDI.
Esta investigación fue un trabajo coordinado y focalizado destinado a detectar, detener y llevar a tribunales a personas que almacenan material pornográfico infantil en todo el territorio nacional. En total, se incautaron 7.73 TB de almacenamiento digital, 179,947 imágenes y 37,902 videos.
Se detuvo a 96 personas, todos hombres chilenos, solteros, sin hijos, con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años y sin antecedentes penales. De ellos, 85 fueron sometidos a control de detención y 11 quedaron apercibidos. Los delitos por los cuales fueron formalizados son los siguientes: una persona por abusos sexuales reiterados, producción de material pornográfico, distribución y almacenamiento de material; otra persona fue formalizada por producción; ocho por difusión y almacenamiento; y el resto por almacenamiento de material pornográfico infantil.
En cuanto a las medidas cautelares obtenidas por la Fiscalía para los imputados, 8 quedaron con prisión preventiva, 13 con arresto domiciliario total o parcial, y el resto con medidas de menor intensidad, como firma y arraigo nacional.
A continuación, se presenta una lista de los detenidos por región: 5 en Arica y Parinacota, 3 en Tarapacá, 9 en Antofagasta, 6 en Atacama, 8 en Coquimbo, 21 en la Región Metropolitana, 9 en Valparaíso, 3 en O’Higgins, 6 en el Maule, 1 en Ñuble, 12 en Biobío, 2 en la Araucanía, 5 en Los Ríos, 1 en Los Lagos y 4 en Magallanes.
El Fiscal Nacional destacó la acción conjunta con la PDI en este gran operativo nacional. «Estas acciones demuestran que el Estado se mantiene alerta ante el delito de explotación sexual en línea de niños, niñas y adolescentes, tomando medidas para erradicar estas conductas y proteger a la infancia».
Los esfuerzos del Ministerio Público y la PDI cobran mayor relevancia en 2023, ya que desde diciembre pasado está en vigencia una modificación legal que impone la condena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua para trabajar con niñas, niños y adolescentes (NNA) una vez que estas personas sean condenadas.
