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En una verdadera olla de presión de transformó la Comisión de Fiscalización del Core, que después de meses sin funcionar, regresó para analizar el lapidario informe de Contraloría, sobre irregularidades, falta de control y nulos procesos de rendición en el traspaso de millonarios fondos del Gobierno Regional de Valparaíso hacia entidades privadas sin fines de lucro, la mayoría de ellas Fundaciones.
El ente contralor detectó anomalías detectadas por la Contraloría, en los casos de asignaciones directas, lo cual apunta directamente al accionar del Gobernador Rodrigo Mundaca.
Entre las observaciones se encuentran 53 transferencias a entidades privadas, por un monto que bordea los $1.370 millones, vía asignación directa, lo cual vulnera el artículo 9 de la Ley Nº 18.575. Entre las entidades beneficiadas se encuentran la Fundación Terram, la Corporación Fima, Corporación Epmusa y la Fundación ProCultura.
Este informe fue analizado por la Comisión de Fiscalización del Core donde se exige llegar hasta las últimas consecuencias, sin embargo, también se produjeron discrepancias entre algunos consejeros regionales que manifestaron una defensa institucional hacia los funcionarios que pudieran estar involucrados y los Core que existen 100% de transparencia.
«Me parece un error hacer una defensa previa a la revisión de los antecedentes y antes que se investigue a cabalidad este tema. Todos tienen presunción de inocencia, pero esto debe ser esclarecido por los organismos pertinentes e incluso por el Ministerio Público de ser necesario», indicó el Consejero Regional y Presidente de la Bancada Chile Unido, Christián Macaya.
Además agregó que «es imperioso que además del informe de Contraloría, se nos haga llegar las carpetas con todos los documentos sobre estos traspasos y las rendiciones de cuentas. Si vamos a fiscalizar tenemos que hacerlo en serio, porque acá se pueden abrir nuevas líneas investigativas, como por ejemplo, conocer cuáles fueron las empresas contratadas por estas Fundaciones para llevar a cabo los trabajos. Saber si finalmente se concretaron o no las tareas para las cuales se entregaron los millonarios fondos y por último si es que existen o no vinculaciones entre estas empresas con autoridades o personajes públicos».
Otra de las aristas apunta a esclarecer la eventual responsabilidad en los hechos del Gobernador Rodrigo Mundaca y su accionar en la búsqueda de explicaciones en este caso.
«Lo que presentó el informe de Contraloría es grave. Además la falta de entrega de información ha sido clave, ha existido una falta de transparencia y no se entiende por qué se está ocultando cosas y los datos llegan de manera parcializada, no nos llegan los estados de avances de los proyectos donde se traspasaron millonarios fondos. Hace rato que venimos escuchando que a la región se le ha castigado con la reducción de presupuestos y que no existen los recursos para proyectar obras de gran magnitud en la región, y sin embargo se entregan a dedo, mil millones a Fundaciones sin saber exactamente qué se hizo con el dinero», argumentó el Consejero Regional de Repúblicano, Marcos Tricallotis.
Tras la primera sesión de la Comisión Fiscalización, algunos consejeros regionales tampoco descartaron la presentación de acciones legales, en caso de comprobarse delitos.
«No descartamos como bancada, querellarse en concordancia a lo que se vaya desarrollando y si es que surgen más elementos que confirmen que hay ilícitos de parte los intervinientes, en especial los privados de la organizaciones que recibieron los fondos públicos y que hubieren actuado de mala fe. Hay que esperar que la Fiscalía y el CDE confirmen si estamos en presencia de delitos o solo faltas administrativas», sentenció el consejero regional, Manuel Millones
