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En una iniciativa conjunta liderada por la dirección regional de Valparaíso del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público y el programa “Mi Abogado”, se llevó a cabo una crucial capacitación destinada a fortalecer la lucha contra la explotación sexual comercial de niños y niñas adolescentes vulnerables y vulnerados.
La actividad, enmarcada en la política pública denominada «Marcos contra la Explotación Sexual», tuvo como objetivo principal abordar tanto el fenómeno como el tipo penal asociado, además de profundizar en la tramitación de los casos denunciados y la investigación de los mismos.
La jornada, desarrollada en el contexto de la Mesa de Trabajo Intersectorial, contó con la participación de diversas instituciones comprometidas en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Los responsables de la actividad dirigieron sus esfuerzos a supervisores y supervisoras técnicos del Servicio de Protección Especializada, así como a directores y directoras de las residencias bajo su jurisdicción.
Contó con exposiciones de Pamela Canessa, del programa Mi Abogado y de Gonzalo Marks, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, presentaciones destacadas como fundamentales para lograr un trabajo eficiente y operativo en la respuesta estatal ante la explotación sexual comercial.
Al respecto, Francisco Olivares, director regional de Servicio de Protección, resaltó estas instancias, porque “como Servicio estamos abordando la situación en distintos niveles. Uno de estos niveles tiene que ver con la capacitación de los equipos que intervienen directamente, a través de jornadas, como esta, que nos permiten una mejor articulación y coordinación de todas las aristas que están presentes y que esto ocurra con la fluidez que se requiere”. Además, detalló que “se abordaron temas claves como la identificación temprana de situaciones de riesgo, adecuación de la internación legal y la importancia de la coordinación efectiva para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este fenómeno”.
En la misma línea, desde la Fiscalía, Marks, aseguró que estas actividades son “bastantes provechosas. Pudimos intercambiar opiniones, compartir buenas prácticas, ver también las brechas que teníamos y cómo lo podemos hacer mejor”.
Las y los asistentes también resaltaron la relevancia de estas formaciones para mejorar la capacidad de respuesta del sistema estatal frente a este grave problema social, una de ellas fue Tania Aguirre, trabajadora social de la residencia para madres adolescentes quien afirmó que “me pareció muy buena. Creo que lo más importante es ver las miradas de todos los trabajadores de las residencias y de los distintos dispositivos que existen. Me quedo con que el trabajo colaborativo. Es lo principal para poder llegar a puerto con todos los casos y toda la contingencia que hay hoy en día”.
La actividad concluyó con un compromiso renovado por parte de los participantes de seguir articulándose estrechamente en la implementación de estrategias más efectivas para prevenir y combatir la explotación sexual comercial de niños y niñas adolescentes, reafirmando así el compromiso de la sociedad en su conjunto en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
