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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó en la cita la relevancia de que los proyectos de inversión cuenten con legitimidad social gracias a procesos de participación anticipada y abiertos a la comunidad, en referencia al Acuerdo por Valparaíso firmado para impulsar la ampliación portuaria y una nueva relación en la ciudad puerto sobre la base de consensos mayoritarios.
La secretaria de Estado hizo esta afirmación al participar en la primera sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, tras la aprobación en general del proyecto que reforma el Sistema de Evaluación Ambiental sobre la base de tres pilares: disminuir incertidumbres y tiempos de tramitación para comunidades e inversionistas; fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, en particular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica; y mejorar la participación de la ciudadanía en línea con el Acuerdo de Escazú.
En la instancia liderada por el senador Francisco Chahuán y constituida por la senadora Isabel Allende, y los senadores Ricardo Lagos Weber y Rafael Prohens, participaron además la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, y los presidentes de las empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio, Luis Eduardo Escobar y Eduardo Abedrapo, respectivamente, junto a los gerentes generales de ambas estatales.
Maisa Rojas destacó el proceso de diálogo impulsado por la Empresa Portuaria Valparaíso con distintos actores de la ciudad y relevó que este tipo de iniciativas forman parte de los cambios que deben sumarse a la institucionalidad, precisando que “respecto del Puerto de Valparaíso, el gran trabajo que requería encontrar una solución que acomodara múltiples intereses, yo diría que es una materia que se aborda parcialmente en nuestro proyecto de ley con la participación temprana, aunque sea voluntaria”, ratificando así la necesidad de incorporar la participación ciudadana.
El presidente de EPV, Luis Eduardo Escobar, comentó que es necesario que el Sistema de Evaluación Ambiental agrupe los distintos puntos de vista que están en juego. «Porque de otra manera, este proceso sigue hasta el infinito. Y eso tiene un costo alto, no sólo para el proyecto, como ya pasó en que uno de los concesionarios de Puerto Valparaíso se tuvo que retirar porque no le daba el plazo de concesión para rentabilizar el proyecto, sino que también tiene un costo alto para las ciudades que albergan los proyectos, para la sociedad y para el país».
Franco Gandolfo, gerente general de EPV, agregó que “la fuerza del proceso de diálogo que hemos llevado, de los acuerdos que hemos suscrito, ayuda en gran parte a mitigar estos riegos (de judicialización), pero por supuesto no los elimina. El diálogo entonces, a nuestro juicio y es la convicción a la que hemos llegado, debe ser permanente. Nuestra expectativa es que, al momento de iniciar el proceso de licitación de la nueva Concesión portuaria de Puerto Valparaíso, lo que ocurrirá cerca de 2028, nosotros tengamos todas las resoluciones de calificaciones ambiental a firme y haya mejores certidumbres”.
“Consideramos muy importante buscar maneras de robustecer la gestión del Servicio de Evaluación Ambiental, para que la definición de medidas ambientales y todo lo que hay detrás de ellas, no cambien durante el proceso y modifiquen o transgredan el origen ciudadano que ha tenido todo este trabajo de 4 años que hemos ejecutado junto a actores de la ciudad”, complemento el ejecutivo de la estatal portuaria.
El senador de la Región de Valparaíso y quien lideró la instancia, Francisco Chahuán, señaló que se necesita urgentemente mejorar la capacidad del Sistema de Evaluación Ambiental para proyectos de infraestructura como el puerto de San Antonio y la ampliación portuaria en Valparaíso. “Hay que saber cómo logramos finalmente fortalecer la institucionalidad ambiental para los efectos de poder sacar prontamente proyectos de gran envergadura. Estamos hablando del mega puerto de San Antonio y la extensión portuaria de Valparaíso”.
En tanto, la senadora Isabel Allende relevó la necesidad de agilizar y dar certezas a los grandes proyectos de interés público. “Como país estamos perdiendo una cantidad de oportunidades, nos vamos quedando retrasados y tenemos una lentitud impactante (…) la reforma al SEA puede ayudar a proyectos estratégicos, y todo lo que haga falta hacer para agilizar, dar certezas y que se concreten los plazos”.
Finalmente, el senador Ricardo Lagos Weber planteó respecto de los puertos de San Antonio y Valparaíso, la necesidad de coordinación entre diferentes comisiones parlamentarias, y la importancia de mantener estándares medioambientales altos en el desarrollo portuario. “Vuelvo hace años en donde ambos puertos tenían que arreglárselas por sí solos y aquí estamos en la misma (…) y no sé si eso está coordinado o no”.
