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El senador Francisco Chahuán valoró el compromiso expresado esta mañana por el candidato presidencial y ex mandatario, Sebastián Piñera, a los tres proyectos presentados para extender beneficios carcelarios a quienes fueron procesados en el sistema anterior y pidió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ponerlos en tabla, pues “tienen que ver con dignificar el trato a las personas de tercera edad privadas de libertad que padecen enfermedades grave y terminales, en consonancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para los Adultos Mayores”, ya aprobada por el Congreso y a la espera ser promulgada.
Tras el encuentro sostenido esta mañana en Viña del Mar con el expresidente y el diputado Osvaldo Urrutia, Chahuán dijo que “sacamos su compromiso respecto de tres proyectos que tienen que ver con extender las garantías propias del nuevo sistema procesal a aquellas personas que están siendo procesadas o fueron condenadas por el antiguo sistema procesal penal”. El senador dijo que lo anterior se funda, además de en la citada Convención, en un fallo del Tribunal Constitucional que solicita aquello.
Al respecto, sostuvo que “quienes están en dicha situación, sin distinción del delito, hoy carecen de las garantías que si dispone el nuevo sistema, por ejemplo, la presunción de inocencia o cumplimientos alternativos de condena”. Por lo mismo, solicitó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline Van Rysselberghe, poner en tabla las iniciativas que tienen que ver con “dignificar el trato a las personas de tercera edad privadas de libertad que padecen enfermedades grave y terminales, sin distingo de delitos, en consonancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para los Adultos Mayores”.
Agregó que es preciso incorporar el otorgamiento de beneficios carcelarios a aquellos adultos mayores o que sufren enfermedades graves o terminales, en concordancia con lo sostenido por la Convención Interamericana “aprobada por este Congreso y que el Ejecutivo aun no promulga, que establece la necesidad de ajustar los reglamentos carcelarios a nuevas normas ahí fijadas”.
El parlamentario aclaró que las iniciativas no buscan beneficiar a nadie en particular y “no distinguen el tipo de delito, sino que busca ser un llamado de atención porque la legislación de alguna manera lo hace exigible, considerando que este Congreso aprobó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que apunta en esa dirección y sólo falta su promulgación.”
