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El diputado Tomás De Rementería envió un oficio a la Ministra de Obras Públicas, Jessica López Saffie, solicitando algunas aclaraciones respecto al fallido proyecto «Margamar», cuyo objetivo era mitigar los impactos ambientales y urbanos causados por las inundaciones del estero de Viña del Mar. Según lo expuesto por el diputado, el proyecto, a pesar de haber demandado significativos recursos fiscales en estudios, nunca fue ejecutado.
El proyecto «Margamar», que pretendía transformar el estero de Viña del Mar en un eje paisajístico que impulsara el desarrollo social, ambiental y económico de la ciudad, fue diseñado por el arquitecto Iván Poduje, quien, a través de su empresa Atisba, participó en las diferentes etapas del mismo. En su oficio, De Rementería detalla que Poduje primero trabajó como encargado del diseño urbano del proyecto para la firma canadiense Baird, que fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Más tarde, la Municipalidad de Viña del Mar contrató directamente a Atisba para continuar con las tareas relacionadas.
El Diputado también señala que Iván Poduje fue nombrado miembro del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas en 2014, lo que plantea una posible situación de conflicto de interés. De acuerdo con la información proporcionada por De Rementería, pocos días después de su nombramiento, el MOP autorizó un pago millonario a Baird, quienes habrían contratado a Atisba para trabajar en el proyecto «Margamar».
En total, el Estado desembolsó más de 1.600 millones de pesos en estudios para un proyecto que no se concretó, situación que ha generado la preocupación del parlamentario, quien en su oficio solicita una investigación sobre la legalidad del financiamiento, amparándose en la Ley de Concesiones y su reglamento. Además, pide un pronunciamiento respecto a posibles conflictos de interés por parte de los miembros del Consejo Consultivo de Obras Públicas que pudieran estar relacionados con proyectos en los que tuvieran un interés económico o profesional.
El diputado Tomás De Rementería concluyó su oficio solicitando un informe detallado sobre el estado actual del proyecto «Margamar» y los pagos realizados, buscando justificar los importantes recursos invertidos por el fisco en una iniciativa que no llegó a concretarse.
