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Hasta el Juzgado de Garantías de San Antonio, llegaron la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde, junto al alcalde de Cartagena, Rodrigo García, para respaldar la querella criminal interpuesta por la Municipalidad, respecto a quienes resulten responsable de delito de estafa por la venta ilegal de terrenos.
La acción busca detener la venta indiscriminada de sitios en loteos irregulares o brujos, transacción que corresponde a la adquisición de un “derecho” sobre un terreno y no de su dominio.
Según las cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, a nivel nacional se han recibido 164 denuncias a través de la página web del Ministerio, donde la Región de Valparaíso lidera con 42 denuncias, le siguen: la Región Metropolitana (34), Coquimbo (27) y Biobío (23). Las comunas que acumulan mayor cantidad de denuncias son La Serena y Coquimbo.
La seremi de Bienes Nacionales de las Región de Valparaíso señaló que: “como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera queremos detener a estas verdaderas inmobiliarias del deli-to. Lo que ocurre en nuestra región es preocupante. Hay mafias, asociaciones ilícitas que montan estos negocios para lucrar con los sueños de tantas familias”.
La autoridad regional destacó que estas medidas son parte del plan nacional de Bienes Na-cionales para combatir estos delitos, sumándose la querella presentada la semana pasada en conjunto la Municipalidad de El Tabo y una próxima en Laguna Verde en coordinación con la Gobernación de Valparaíso.
Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno fue la modificación del Decreto Ley 2.695 que busca resguardar los derechos de terceros en relación a la regularización de la pequeña propiedad raíz.
“Estamos liderando mesas de trabajos con todos los actores públicos involucrados en con-junto a las juntas de vecinos para aunar criterios y voluntades”, agregó la seremi Rosario Pérez.
“Estas personas se arriesgan desde 3 a 10 años de presidio, según el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales hoy día estamos trabajando en coordinación con los municipios y con los conservadores de bie-nes raíces”, señaló la autoridad regional, agregó.
Además explicó que quienes han caído en esta estafa “obviamente son víctimas, nosotros los vamos a apoyar, a acoger, para eso estamos trabajando con el alcalde en la creación de un convenio que nos va a permitir atender caso a caso, y aplicar un criterio”
La gobernadora provincial de San Antonio, llamó a consultar en las direcciones de obras de cada municipalidad si el terreno que le están ofreciendo está afecto a alguna restricción, junto con hacer las denuncias en Bienes Nacionales, la Intendencia, gobernaciones o muni-cipalidades.
“No podemos permitir más lotes irregulares, eso es jugar con los sueños de las personas, y es por eso que hoy dejamos estos abusos en manos de la justicia. No es justo que nuestros ve-cinos de la provincia de San Antonio estén pasándolo mal por algunos inescrupulosos”, agrego la gobernadora Gabriela Alcalde.
El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, indicó: “El llamado es a informarse en la dirección de obras del Municipio, para saber que trámite están haciendo, la forma en que están com-prando y donde están comprando, porque hay terrenos donde no se puede construir. Hemos visto como en la comuna de Cartagena han aumentado estas estafas y es por eso que espe-ramos que con los antecedentes entregados hoy a través de la Fiscalía, se pueda actuar a través de las diligencias pertinentes con las policías. Señalar además, que gracias a los datos entregados, seguiremos identificando a más personas que realizan venta y comercialización de loteos irregulares, de manera de colocar los antecedentes ante la justicia”.
¿Qué es un loteo irregular?
Los loteos irregulares son subdivisiones de terreno que no cuentan con un permiso proviso-rio o definitivo de la municipalidad correspondiente (infringiendo la Ley General de Urba-nismo y Construcciones), y que habitualmente son vendidos a personas que creen que están adquiriendo un título de dominio.
Son irregulares porque la Ley establece, por regla general, que en zonas rurales el tamaño mínimo de un loteo es de media hectárea, es decir 5 mil metros cuadrados. Aunque este criterio puede variar dependiendo del plano regulador de cada comuna. En consecuencia, las personas que pagan por dicho terreno no son propietarias, sino titulares de un porcentaje de derechos.
Las personas que adquieren estos derechos no podrán, por ejemplo, construir una casa, no podrá acceder a servicios básicos, como luz, agua y servicios sanitarios, ni a alumbrado pú-blico, desagües ni construcción de calles y caminos.
La venta de loteos irregulares constituye un ilícito sancionado con una pena que puede lle-gar hasta los 10 años de presidio.
