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El diputado RN por el distrito 6, miembro de la Comisión Investigadora por la Contaminación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, Andrés Longton, se reunió con el contralor regional de Valparaíso, Víctor Hugo Merino, para entregarle una presentación a través de la cual solicita investigación y auditoría en torno al caso del ex jefe de la División de Calidad de Aire del gobierno de Michelle Bachelet, Germán Oyola.
Oyola, desde su puesto de jefatura al interior del Ministerio de Medio Ambiente, tuvo un papel fundamental en la elaboración del fallido Plan de Descontaminación, el cual fue rechazado por la Contraloría General básicamente, porque establecía un techo más alto para las emisiones, lo que permitía contaminar incluso más.
“El señor Oyola dejó de trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente en el mes de junio, y en julio ingresó a trabajar a Enap, lo que nos parece que es impresentable, ya que esto no nos permite tener certeza de que haya existido imparcialidad y objetividad en la elaboración del Plan, tomando en consideración las numerosas observaciones que hizo el contralor de la República al respecto”, informó el diputado Longton.
En su texto, la presentación realizada por el parlamentario, hace referencia a la Ley General de Bases de la Administración del Estado con respecto a los principios bajo los cuales debe desarrollarse la actividad pública, la cual señala que “(…) son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.
En razón de lo anterior, solicita que el órgano contralor se pronuncie basándose en el caso de Oyola y “su conversión inmediata de un funcionario con competencias directas sobre actividades propias de la empresa a la cual ha pasado a prestar servicios”.
“En caso de que la Contraloría se pronuncie indicando que no existe norma, ya que esta sólo se refiere a organismos públicos fiscalizadores, cuyos funcionarios luego no pueden ejercer funciones en organismos que están fiscalizando, presentaremos un proyecto de ley o una indicación al proyecto sobre Integridad Pública del Gobierno para regular este tipo de situaciones y asegurar la probidad en los actos administrativos”, finalizó Longton.
