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El diputado Andrés Celis, representante del distrito 7, envió la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso al Ministerio Público, a fin de aportar a la investigación y perseguir responsabilidades penales por las irregularidades en los proyectos habitacionales Serviu Mirador I y II de San Antonio.
Además de la remisión de los antecedentes a la Fiscalía, el parlamentario envió el informe de auditoría al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que ejerzan las acciones que a ellos les compete en defensa de los recursos públicos.
En abril del 2018, el diputado de Renovación Nacional presentó una denuncia ante Contraloría, junto a representantes de los afectados por los retrasos en las obras. Al mes siguiente, denunció las irregularidades formalmente en la Fiscalía para perseguir responsabilidades penales en dicho caso.
La acusación, dio paso a una investigación que dejó al descubierto más de 120 millones de pesos mal pagados por esta institución, entre los que se encuentra el trato directo con un arquitecto patrocinante por más de $10 millones; el extravío y no cobro de una boleta de garantía por más de 57,9 UF, además de la contratación de consultoras sin estar inscritas en el Registro Nacional de Consultores.
El diputado Andrés Celis destacó la importancia de las observaciones expuestas por el ente contralor. Señaló que “la Contraloría nos dio la razón en lo que denunciamos en abril del año pasado, efectivamente existían graves irregularidades”.
Sobre la responsabilidad penal, el diputado de Renovación Nacional señaló que “en mayo del año pasado, acompañé a los afectados a denunciar este caso ante el Ministerio Público, por lo que al recibir el informe de Contraloría, oficié al Fiscal Adjunto Jefe de San Antonio, enviándole todos estos nuevos antecedentes para que se sumen a dicha causa porque considero que son esenciales para la investigación que se lleva a cabo por el delito de estafa y asociación ilícita”.
Respecto al Consejo de Defensa del Estado, Celis Montt dijo que “el hecho de que la Contraloría haya detectado pagos irregulares por más de 120 millones de pesos, implica que, eventualmente, pueden existir delitos, que corresponde al Consejo calificar y perseguir, en conjunto con el Ministerio Público. Con estos antecedentes, podría abrirse una arista en dicha investigación o bien iniciar una nueva”.
