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El diputado RN por el distrito 6, Andrés Longton, junto a la diputada Catalina del Real, presentaron un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones pecuniarias a aquellos choferes del transporte público que incurran en tratos discriminatorios en contra de personas con discapacidad y adultos mayores, en las calles del país.
La iniciativa busca modificar la Ley de Tránsito y así terminar con cobros extra, maltrato verbal si hay demora, exigencias de requisitos que son ilegales para abordar los vehículos, humillación e incluso no detenerse ante la solicitud.
Al respecto, el diputado Andrés Longton, explicó que la normativa está dirigida “a todos los operadores del transporte público que piden requisitos adicionales, realizando cobros extras, o que derechamente impiden o restringen el acceso a personas con discapacidad o adultos mayores”.
“Buscamos que exista mayor responsabilidad y conciencia considerando la dificultad que tienen estas personas en su día a día para trasladarse, a lo que no pueden sumar el derecho al uso del transporte público que tenemos todos por igual”, agregó.
En esa línea, Longton criticó las leves sanciones que existen hoy en la legislación contra estas conductas y añadió que el proyecto busca “un efecto disuasivo efectivo, por un lado, y por otro, para que la gente tenga mayor incentivo para denunciar. Además, buscamos hacer solidariamente responsables a los dueños de los autobuses en cuanto a estos actos discriminatorios”.
Por su parte, la diputada Catalina Del Real -quien además es presidenta de la Bancada Transversal de la Discapacidad-, recordó que en el país existen dos millones y medio de personas que sufren algún grado de discapacidad y que en 2008 Chile ratificó el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego, en el 2010, promulgó la Ley de Inclusión y la no discriminación de personas con discapacidad.
“No obstante, a pesar de toda esta legislación vigente, aún existen casos de discriminación. Esto ocurre actualmente, por ejemplo, en el tránsito, específicamente en las micros, donde los choferes no se detienen ante las personas que ven con algún grado de discapacidad, adultos mayores o personas en silla de ruedas, y en las ocasiones en que se detienen, no lo hacen completamente, lo que impide que las personas puedan acceder de buena forma, lo que además puede causar accidentes”, explicó la legisladora por la Región Metropolitana.
Asimismo, la parlamentaria explicó que la idea de la iniciativa es “cambiar esta falta desde leve a gravísima, donde cualquier conductor va a ser sometido a una falta grave, cuya multa va entre 70 y 140 mil pesos si no se detiene o si realiza algún acto discriminatorio o arbitrario hacia una persona mayor o con algún grado de discapacidad”.
“La discriminación que existe aún en Chile”
En su alocución, los parlamentarios fueron acompañados por Irma Iglesias, presidenta de la Fundación “Down 21 Chile” y Érika Núñez, quien es hermana de una mujer con síndrome de Down que ha sufrido episodios de discriminación en el transporte público de la comuna de Quilpué.
“Esto es la punta del iceberg de la discriminación que existe aún en Chile, principalmente en el caso nuestro, con respecto a las personas con Síndrome de Down, ya que ellos no pueden disimularlo ya que su condición es evidente. Que un chofer de la locomoción colectiva no les pare, es violencia. Esto, también en el caso de otras discapacidades, lesionando su autonomía”, relató Iglesias.
Mientras que Núñez, reveló que “por medio de la Ley de Inclusión, mi hermana entró a trabajar con una muy buena acogida. Sin embargo, los traslados se convirtieron en un problema ya que los choferes no le paraban la micro. Pasaba horas esperando y no había caso. Sus compañeros de trabajo tuvieron que empezar a acompañarla para hacerle parar la micro e incluso ahí había problemas, ya que la presionaban para que se subiera rápido”.
