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Mediante un oficio, el diputado Diego Ibáñez, miembro de las comisiones de Salud y Medio Ambiente de la Cámara Baja, pide que se informe al Director del Instituto de Nacional Derechos Humanos de antecedentes suficientes para que dicha autoridad haga uso de sus facultades legales y evalúe la posibilidad de presentar un recurso de protección a favor de la comunidad que habita la provincia de Petorca y que no tiene acceso a la red de agua potable. Población de localidades que disponen sólo de 50 litros de agua por habitante a la semana suministrada por camiones aljibes, como ese el caso de: Pedernal, Calle larga, Chalaco, Chincolco, Sobrante, La Polcura, Quebrada de Castro, Los Comunes, Villa Alberto Callejas, El durazno, El manzano, La Ñipa, Hierro Viejo, Manuel Montt, La Canelilla, Santa julia, Frutillar, Las Palmas, Palquico, El francés, San ramón, Pedegua, Artificio, Pichilemu, La Canela, Santa Marta, Los Romeros, Maitén Largo, Las Parcelas, El Guindo, El Guindo Chico, San Manuel.
El parlamentario aseguró que «la cantidad de agua con la que está contando la población de la provincia de Petorca es alarmante en relación a la que se necesita para adoptar las medidas sanitarias recomendadas para enfrentar la pandemia de Covid-19.”
Ibáñez agregó que “al no adoptarse las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de agua para la comunidad, se está poniendo principalmente en peligro a aquella población de riesgo, que en la provincia de Petorca corresponde al 13,4% de la población total según el censo de 2017. Por eso, solicito al director nacional del INDH deducir un recurso de protección a favor de la comunidad que no tiene acceso a la red de agua potable, ya que desde que se declaró el estado de catástrofe el Gobierno no ha tomado medidas concretas para permitir que el consumo humano de agua potable sea prioritario en relación al uso de este bien en los monocultivos de la provincia. Hoy si analizamos cuánta agua consume la agricultura de exportación y cuánta consumen los habitantes hay una distancia estratosférica que es irracional producto del modelo desigual de administración del bien común del agua”
Bárbara Astudillo, defensora eco feminista por el agua, manifestó que “desde la provincia de Petorca, como sociedad civil, denunciamos la vulneración de no tener acceso al agua cuando la primera norma sanitaria es el lavado de manos. Llevamos más de 12 años declarados en escasez hídrica, nuestros ríos fueron declarados agotados. Ante una pandemia no hay priorizacion a la vida de las comunidades precarizadas, con fuerza exigimos que se declare un derecho humano y solicitamos al estado de Chile, un plan de accion hídrico para nuestro territorio. No es posible que valga más un kilo de paltas que las miles de familias que sufren en la provincia de Petorca sin agua” .
