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La profesora de Derecho Laboral de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marzi, se refirió a las medidas en materia laboral que han surgido desde el gobierno central a raíz de la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 en Chile.
“En primer lugar, es importante subrayar que ningún país en este momento está superando o tratando de sortear esta crisis sanitaria -que implica una crisis económica gigante- con la mera actuación de los privados. Es decir, no es un problema solo entre trabajadores y empleadores, sino que es el Estado el que tiene que adoptar decisiones para permitir que, una vez superada la crisis, no se hayan destruido una gran cantidad de puestos de trabajo. Eso está ocurriendo en todas partes, y los Estados, con mayor o menor capacidad, intervienen poniendo fondos a disposición”, explicó inicialmente.
Poca claridad en la Ley de Protección al Empleo
Dentro de las medidas anunciadas y puestas en marcha desde el gobierno destaca la Ley de Protección al Empleo, que incluye diferentes elementos, como la suspensión de contratos, reducción de jornada y disminución de sueldos. La profesora evaluó la aplicación de la medida, desde el punto de vista del Derecho del Trabajo.
“Lo que se ha criticado mucho en Chile es que se recurrió a los fondos del seguro de cesantía, que en estos años habían acumulado una gran cantidad de dinero. Pero también es importante decir que el fondo de cesantía tiene una parte, que es el fondo solidario, que está formado por contribuciones de los empleadores y del Estado, que tiene una lógica más solidaria que lo que suelen tener los seguros en nuestro sistema, que aparecen como cuentas bancarias individuales de las que no podemos disponer cuando queremos. Estos seguros tienen una característica distinta, y lo que permite el Estado es que se suspendan los contratos en determinados supuestos legales. La idea no es mala, yo considero correcto buscar que no se produzcan despidos, para que en unos tres meses más los contratos puedan volver a activarse. El problema principal que tiene el diseño de la Ley de Protección al Empleo es que es poco clara”, indicó.
“No hay un parámetro sobre qué se va a entender por afectación de la empresa. Está el supuesto de las empresas que tuvieron que cerrar por orden de autoridad, que es, por así decirlo, el más fácil de entender y de contrastar si se cumple, pero también está esto de que está imposibilitada completamente de su funcionamiento, que la afectación de trabajo se haya hecho imposible. Ahí es donde se entiende que algunas empresas, como por ejemplo los sindicatos del Fútbol, dicen qué afectación puede haber habido en este tiempo, si los derechos de transmisión se han seguido pagando, e incluso si los equipos de primera B no tienen que organizar partidos, y eso podría hacer que en este tiempo tengan mayores ganancias, porque no tienen costos operativos, y entonces porqué ellas se van a acoger a esta ley”, explicó. “Esto demuestra que la acción sindical contribuye a racionalizar la entrega de recursos pues si el sindicato no hubiera expuesto las características de su caso particular, la AFC no le habría negado la solicitud de acogerse a la ley al equipo de fútbol, pero hay que tener en cuenta que se trata de un caso excepcional en Chile de un sindicato que tiene acceso a medios de comunicación y capacidad de presión”.
Añadió que el diseño legal es malo -lo cual fue confirmado con las declaraciones de los asesores del Ministerio del Trabajo- “porque ocurre que ellos dicen esto está entregado a la buena fe, se puede acoger por declaración jurada el que quiera, y después se pueden ejercer todas las acciones legales Hay que recordar que acá estamos hablando de dineros públicos, y ahí es donde uno dice ‘esto no es real’. Si no se establecieron requisitos claros y se están aceptando las solicitudes con las meras declaraciones, no hay reales posibilidades de sancionarlos después, y mucho menos penalmente, porque la ley no fue clara en decir cuáles son los requisitos o los parámetros”.
Respecto a la proyección de cerca de un millón de desempleados y el cuestionamiento de la ley considerando si ésta va en dirección de la protección al trabajador, la académica indicó que “como una primera política del gobierno para salvar el empleo está bien, pero evidentemente es insuficiente. Ya está previsto que estos fondos se van a agotar en un tiempo inferior al que va a tomar salir de esta crisis, así que el gobierno tendrá que seguir inyectando recursos para poder reactivar el empleo. Todo el mundo está mirando al Estado y son pocas las empresas que serán las grandes triunfadoras de esta crisis. No vamos a decir que los supermercados y farmacias están en una crisis, pero son las pequeñas y medianas empresas las que están con una afectación gravísima, y son las que más dan empleo en Chile, entonces el Estado va a tener que responder y tener que inyectar recursos para poder mantener puestos de trabajo o ir generando otros. La orientación no es mala, la idea de que se suspendan contratos a cambio de que no se produzcan despidos, pero los recursos son insuficientes y van a tener que venir otras acciones de parte del gobierno, porque la crisis económica además va a ser global”.
Políticas laborales necesarias
“Una de las cuestiones que la gente ve con mucha desconfianza es que se gastaron su seguro de desempleo, que tenía una finalidad precisamente de asegurar una mínima subsistencia en caso de un despido, pero era pensando que no fueran despedidos después. Actualmente están proliferando distintos tipos de trabajo, como los repartidores de comida y bienes en general, y ese trabajo no tiene ningún tipo de regulación, y entonces uno puede sostener qué es necesario: que ese trabajo se empiece a regular, que esté legalizado, que tenga derechos claros desde el punto de vista de los accidentes del trabajo, pero también que tengan limitaciones en cuanto a las jornadas de trabajo y descansos asegurados, y mínimos de remuneración garantizados. Si este va a ser un trabajo que va a masificarse, no puede ser algo que ni siquiera le llamamos trabajo, ya que se le llaman socios y colaboradores, y eso es simplemente una mentira, ellos no son colaboradores de la empresa, son trabajadores y tienen una desregulación total en todos los aspectos centrales de la regulación del trabajo”, subrayó.
Además, se refirió al proyecto de ley que permite suspender las negociaciones colectivas mientras dure la crisis sanitaria, salvo que se exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores de continuar con normalidad el proceso. Esto cual ha generado la molestia de algunas organizaciones sindicales, mientras que otras creen que, independiente de las condiciones, los tiempos de teletrabajo no facilitan la negociación colectiva. Al respecto, indicó que “entiendo que ese proyecto se volvió inviable, pero desde mi punto de vista, dado el sistema de negociación colectiva chileno, el que se pudiera suspender la negociación colectiva en estas condiciones no era una mala idea, porque efectivamente si ya era difícil hacer una huelga en situación de normalidad, con una crisis sanitaria de este tipo la principal herramienta de presión no la vas a tener. Por otra parte, este es un tipo de situación en que las negociaciones colectivas tienden a negociar a la baja, ósea las organizaciones sindicales están dispuestas a disminuir beneficios con tal de que, por ejemplo, el empleador se comprometa a no despedir”.
Materias laborales en el proceso constituyente
Acerca de dónde se centrará el debate en materias laborales, de cara al proceso constituyente que vive el país, la académica explicó que “me parece muy importante tener presente que, con casi tres meses de estallido social, esa era la agenda social laboral, un bono de 60 mil pesos para mejorar los sueldos más bajos de Chile, y la discusión era si para empresas chicas o grandes, y después se zanjó en que mejor se entregaba para todos. Esto ni siquiera tenía que ver con negociar un mejor salario mínimo, porque aquí no hay un esfuerzo privado, se trata del Estado que está viendo cómo mejorar los salarios mínimos. Hablar de la posibilidad de que los salarios mínimos se negociaran por negociación colectiva ramal, y que cada sector se ponga de acuerdo cuál es el salario mínimo que pueden pagar, no formó nunca parte del debate. Ahora, con un gobierno de derecha no es raro que pase, o sea, no forma parte de su proyecto. En el caso de la crisis sanitaria el Estado probablemente va a estar dispuesto a hacer muchísimo más, porque no significa una concepción política a las organizaciones sociales, cambiar profundamente el diseño, o verse obligado a poner mayores recursos públicos para salvar los puestos de trabajo, es otro el escenario político. Con miras a la Constitución hay que tener en cuenta todo esto para que cada proyecto político aclare qué es lo que quiere ofrecer a los trabajadores, porque si hay algo que ha quedado claro en esta situación, es que el trabajo es central para la organización de la sociedad, y de eso no se tenía claridad hasta antes de este momento”.
