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Esta mañana el diputado del movimiento UNIR, Marcelo Díaz, informó que insistirá con la Contraloría General de la República en que se investigue la contratación de servicios de hotelería de alto costo la región de Valparaíso, para el uso de residencias sanitarias durante la pandemia de coronavirus que afecta nuestro país.
Ello tras darse a conocer hoy, por un diario electrónico de cobertura nacional, que el pasado 28 de mayo el Servicio de Salud de Valparaíso —dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales— emitió una orden de compra vía trato directo por $187.590.950 (IVA incluido) para contratar al hotel Puerto Mayor de San Antonio, con el propósito de recibir a enfermos y contagiados por la COVID-19.
De acuerdo a lo planteado por este medio, el negocio es controlado por la sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada, perteneciente a la familia del actual subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia Infante.
“Ya habíamos advertido eventuales hechos anómalos en la contratación de la residencia sanitaria de San Antonio, particularmente del hotel Puerto Mayor. Hoy aparece un antecedente —por un medio de comunicación— de que éste sería de propiedad del actual subsecretario de Obras Públicas. A mí me parece que es fundamental que se transparente esta situación, por lo tanto voy a insistir a la Contraloría en la necesidad de que realice una investigación al respecto, porque evidentemente estamos hablando de muchísimo dinero”, aseveró el parlamentario.
Agregó que “si eventualmente hay irregularidades sería doblemente grave, porque primero estamos hablando de recursos públicos; y segundo, nos referimos a recursos destinados a atender la emergencia, la pandemia, para que la gente se quede en sus casas”.
Instalaciones Gratuitas
Recientemente Marcelo Díaz solicitó al intendente Jorge Martínez información sobre el destino que tuvo el anuncio que se hizo en abril, sobre la habilitación de centros estadía de larga duración para adultos mayores en la región, un convenio entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud y el Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor), “el que nos proveía de instalaciones gratuitas, sin costo, para habilitar residencias sanitarias; sin embargo, ninguna de ellas se ha concretado. Por el contrario, sí hubo contratación de hoteles, como el O’Higgins. Se habla también de un convenio con el IBIS, lo mismo pasa en San Antonio”, expresó el parlamentario.
Además el diputado solicitó a la misma autoridad un informe respecto de “por qué no se han implementado los ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores), que son instituciones gratuitas, desde el punto de vista del costo del arriendo del inmueble. Por lo tanto, le solicité a la Contraloría que verifique que se estén cumpliendo todas las normativas relacionadas a las contrataciones públicas”.
