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La investigación a cargo de la Fiscalía Local de San Felipe se inició de oficio tras el análisis de una serie antecedentes que se tenían por una causa de apremio ilegítimo ocurrido en medio de las manifestaciones sociales de octubre del año recién pasado.
De esta forma se genera una causa independiente por otro ilícito e inicia el proceso investigativo que culminó en una audiencia de formalización en contra de dos funcionarios de Carabineros por el delito de apremios ilegítimos por parte de un funcionario del Estado, por hechos ocurridos al interior de la Segunda Comisaría de San Felipe. Fue así como el pasado 16 de septiembre Rigoberto Fernando Candia Contreras y Francisco Javier Chamorro Segura, quienes se encontraban apercibidos por art. 26, fueron formalizados por los hechos que expuso el Fiscal de San Felipe en la audiencia.
“Un funcionario policial quien se encontraba prestando servicio como vigilante de calabozos abusando de su cargo y funciones, de manera ilegítima , mediante una bofetada, golpea a un detenido, identificado como la víctima, Rafael Cortéz Valencia, quien se encontraba bajo su custodia esposado en el pasillo de calabozos de dicha unidad policial. A quien arrastra hacia el interior de la sala de evidencias ubicado contiguo al lugar de la agresión, en el calabozo me refiero, propinándole diversos golpes de puños y píes en dicho sector. En el mismo lugar se encontraba un segundo funcionario policial también formalizado, que prestando apoyo de vigilante de calabozos presencio de manera directa la ocurrencia de dicho acto de apremio cometido en la persona del detenido, la víctima en este caso, quien no impidió o no hizo cesar la acción de agresión encontrándose en posición de hacerlo, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad” , explicó el Fiscal Jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, quien ha estado a cargo de la investigación.
Estos hechos a juicio del Ministerio Público configuran el delito de apremios ilegítimos, establecido en el art 150 letra D, del código penal, donde participan ambos funcionarios policiales. Uno de ellos como autor ejecutor del hecho y el otro como quien debía impedir dicha agresión.
“Ambos imputados quedaron sujetos a cautelares del artículo 155, particularmente respecto del funcionario Candia con arresto nocturno , una firma mensual , arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de comunicarse con la víctima. Respecto de la figura del funcionario Chamorro, quedó con firma mensual, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de contactar a la víctima”, explicó el Fiscal Fajardo.
En la audiencia desarrollada de manera remota por el Juzgado de Garantía de San Felipe, la juez Carla Ricota Alcayaga, estableció un plazo de investigación de 90 días.
