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Sillas de ruedas, softwares, lectores de pantallas, magnificadores de caracteres y asistentes de voz son algunas de las ayudas técnicas que el Estado se comprometió a entregar hace 11 años a través de la Ley N°20.422 que garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, quienes hasta 2015 sumaban 2.606.914 habitantes, de los cuales el 8,3% presentaba una discapacidad severa y el 11,7% leve, de acuerdo a datos oficiales.
Sin embargo, ese precepto no se ha cumplido del todo. Según explica Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), “cuando esta ley comenzó a entrar en funcionamiento, ese compromiso se tradujo en un concurso en que las personas deben postular para poder adjudicarse alguna ayuda técnica”.
Es así como se viene arrastrando un déficit presupuestario que se traduce en la falta de dispositivos de ayuda para personas con alguna limitación sensorial, mental, psíquica o física, pero también para aquellos que presentan movilidad reducida en menor o mayor medida.
Al respecto, Poblete repara que “sólo un 25% de las ayudas técnicas requeridas pudieron ser entregadas en el 2020. Esto tiene que ver con un problema de gestión que existe a través del procedimiento de compras públicas, que no permite hacer una adquisición efectiva para poder entregar con prontitud las ayudas técnicas que se necesitan”.
Para el profesional, “esta problemática responde al escaso presupuesto que tiene el Servicio Nacional de Discapacidad para todas las acciones que realiza, especialmente, para la entrega de ayudas técnicas”.
Los dispositivos técnicos son fundamentales para quienes tienen una discapacidad, ya que les permite compensar o disminuir, entre otras cosas, una limitación o minusvalía. Así, mediante estos apoyos pueden aumentar su capacidad funcional y entonces ser más independientes y autónomos.
La escasez de estos dispositivos afecta la calidad de vida de las personas, así como su inclusión. Esto, “crea una situación de segregación y exclusión, porque quienes no cuentan con estas ayudas quedan fuera de la educación, trabajo y participación comunitaria”, advierte Poblete.
Entonces, terminan quedando relegados de varias oportunidades, a las que no pueden acceder por no tener los medios necesarios. El presidente de la FChD, insta a que “el Estado refuerce el compromiso con las personas en situación de discapacidad para que se aumente el presupuesto del Servicio Nacional de Discapacidad y se busquen otras instancias para mejorar el proceso de compras públicas”.
De esta forma, sería posible otorgar las ayudas técnicas necesarias para las personas, por ejemplo, por medio de aportes privados con la Ley de Donaciones Sociales o a través de medidas alternativas de cumplimiento de la ley 21.015, que permite realizar donaciones a proyectos o programas aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social.
