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El máximo órgano de control del Estado, dictó este 19 de noviembre, la resolución Nº E157631/2021, que atiende la presentación de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval), en relación con las observaciones consignadas en el informe final nº 273 de 2020, de la Contraloría Regional de Valparaíso, el que no consideró las observaciones de la referida Corporación relativas a las actividades productivas desarrolladas en el Liceo Técnico de Valparaíso (LTV) y el Liceo María Luisa Bombal (LMLB), que estaban bajo su administración, y que sí se relacionaban con sus proyectos educativos.
El organismo entregó respuesta, concluyendo que las actividades fiscalizadas en los denominados “polos productivos” que funcionaban en el Liceo Técnico de Valparaíso y en Liceo María Luisa Bombal, tienen como finalidad última enlazarse directamente con la enseñanza impartida en estos establecimientos, que es de tipo técnico profesional, en donde se generaban cursos y talleres, prácticas profesionales, y todo tipo de actividades pedagógicas de tipo práctico.
En razón de lo anterior, se establece con total claridad que las actividades productivas generadas en los mencionados liceos, se ejecutaron en el marco de la legalidad, y por esta razón, se determinó que el pago de bonos y remuneraciones a los docentes y administrativos que prestaban labores en las áreas de producción de los establecimientos educacionales señalados, fue realizada de forma válida. De esta manera, según el argumento entregado por la Corporación, se consignó que durante el período fiscalizado 10 trabajadores del LTV cumplieron labores de forma exclusiva en las aludidas áreas productivas, mientras que 5 desarrollaron funciones operativas y administrativas de manera parcial, pues además cumplían tareas propias del liceo; mientras que en el LMLB, 6 de sus empleados habrían desempeñado en el periodo revisado labores vinculadas al funcionamiento de los polos productivos de dicho plantel, paralelamente a sus cargos. Las remuneraciones y bonos de las labores de estos 21 trabajadores, fueron observadas en el informe del año 2020 como gastos improcedentes por la Contraloría Regional por un monto de $516.801.420.
Sin embargo, la Contraloría General recogiendo los argumentos de la Corporación Municipal de Valparaíso, reconsideró la observación formulada por la suma total de $516.801.420, donde se reconsidera igualmente el ajuste ordenado sobre las rendiciones de cuentas de las señaladas subvenciones efectuadas por la CORMUVAL a la SUPEREDUC, correspondientes a los años 2017 y 2018.
Por lo anterior, el Secretario Ejecutivo de la Cormuval, Eduardo Riquelme indicó que “recibimos de muy buena manera esta resolución, la que significa un gran paso para el esclarecimiento de los hechos imputados a esta administración, toda vez que las actividades productivas, en general están ejecutadas conforme a la ley, son lícitas, y apuntan a los fines pedagógicos de los y las estudiantes porteños, intentando fortalecer la educación pública de nuestra comuna e insertar con gran desarrollo de habilidades prácticas a los egresados de los establecimientos técnicos, en el mercado laboral, lo que implica para ellos un valor agregado que los hace más atractivos para empleadores que busquen su contratación”.
