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Sumados, más de $120 millones mal pagados por Serviu, infracciones a la ley de compras, tratos directos sin justificación adecuada de causal y contratos con empresas no inscritas en el Registro Nacional de Consultores: esas fueron algunas de las irregularidades constatadas por la Contraloría Regional de Valparaíso, respecto a la construcción y entrega del conjunto habitacional Mirador I y II de San Antonio.
En abril del 2018, el diputado Andrés Celis presentó una denuncia ante Contraloría, junto a representantes de las 256 familias afectadas por el retraso. La acusación dió paso a un exhaustivo informe de la Unidad de Control Externo, que o finalmente ordenó al Serviu instruir un sumario administrativo para perseguir responsabilidades por las faltas detectadas y dará inicio a un juicio de cuentas por los pagos irregulares detectados.
Respecto de su presentación y la dura respuesta, el parlamentario indicó que “los resultados son alarmantes, la Contraloría nos dio la razón. Entre todos los dineros mal pagados por Serviu en los años anteriores, se suman 120 millones de pesos, lo que deja en evidencia irregularidades graves, además de un alto grado de ineficiencia administrativa y de mala gestión”.
“Lo que sigue ahora – explicó el diputado Andrés Celis- es que se inicie el juicio de cuentas, lo que es muy duro para el servicio pero debe sobrellevarlo por lo escandaloso de sus faltas, además, se iniciarán sumarios y deben hacerse cargo de las recomendaciones del órgano de control”.
El parlamentario recordó que “fueron 256 familias de San Antonio que esperaron por casi 10 años para tener su departamento, los intentaron engañar, mientras las autoridades no tomaban medidas y eso ha dicho la Contraloría. El Serviu debe hacerse cargo de su ineficiencia y entregue las esperadas viviendas”.
Finalmente, Celis Montt explicó que “Serviu deberá tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, aplicar instructivos y manuales de inspección, confeccionar las bases de forma correcta, de tal forma de no inducir a errores a los oferentes, todas sus decisiones deberán plasmarse en actos administrativos, etc. Osea, en definitiva, velar por la eficiente y buena administración de los recursos públicos”.
