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La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, junto a las concejales Moiko Jara Pate (Evópoli), Ivonne Nahoe (PPD) y Javiera Hucke Lira (PS) presentaron hoy un requerimiento por notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso en contra del ex alcalde y concejal recién renunciado Pedro Pablo Edmunds Paoa.
En el escrito se solicitan sanciones por abandono grave de deberes y faltas a la probidad administrativa cometidas durante su gestión, especialmente la inhabilidad para ocupar cargos públicos por cinco años, fundamentados en múltiples hechos agrupados en tres cargos: perjuicio patrimonial y gestión financiera negligente; conflicto de interés y nepotismo; y graves falencias de control interno y mala administración.
El monto total de dineros involucrados asciende a 929 millones solamente en lo que se refiere al 2024, correspondientes a los últimos 12 meses de su gestión como alcalde, la que se extendió por casi tres décadas.
En relación al cargo de Perjuicio Patrimonial y Gestión Financiera Negligente, se detectó la contratación reiterada e irregular de servicios de arriendo de vehículos mediante la fragmentación de contratos y elusión deliberada de licitaciones, en directa infracción a la Ley de Compras Públicas (Ley N°19.886), práctica que se convirtió en un mecanismo habitual.
Esta práctica evitó la fiscalización del Concejo Municipal y vulneró los principios de transparencia y legalidad. En el año 2024, el monto comprometido asciende a $459.072.093, de los cuales $387.612.093 fueron autorizados directamente por el ex alcalde. Además, en 2025 se regularizaron de forma extemporánea contratos del año anterior por un total adicional superior a $300.000.000, consolidando un grave perjuicio al patrimonio municipal.
Se verificó que estos contratos fueron celebrados sin estudios técnicos previos, ni mecanismos de selección objetiva, ni evaluación económica comparativa con otras alternativas disponibles en el mercado.
En múltiples casos, los decretos fueron visados por la Dirección de Finanzas (DAF) existiendo antecedentes de vínculos personales entre la encargada de la dirección y uno de los principales proveedores de rent a car (su pareja), sin que conste abstención o declaración de conflicto de interés.
En relación al cargo de conflicto de interés y nepotismo, se comprobó la existencia de contrataciones municipales directas con empresa hotelera propiedad del ex alcalde y su familia, sin licitación y con participación personal del ex edil. Además de contrataciones reiteradas de personal y asesores vinculados familiar o afectivamente a funcionarios municipales, ignorando deberes legales de abstención y probidad por más de $36.000.000.
La Contraloría General de la República ya había emitido un informe encendiendo las alarmas respecto a millonarias irregularidades administrativas, como arriendos y contratos fantasmas; así como asesorías sin control, evadiendo los mecanismos legales, comprometiendo severamente los recursos públicos
Además, las investigaciones confirman la implementación de mecanismos especialmente diseñados para evadir la Ley de Compras Públicas y evitar la fiscalización del Concejo Municipal en una serie de iniciativas.
Días atrás, ante la inminente presentación de esta acción legal, Pedro Edmunds Paoa presentó su renuncia voluntaria al cargo de concejal en la sesión del Concejo Municipal. Además de los hechos ratificados por la Contraloría General de la República se podrían sumar nuevos antecedentes fruto de la auditoría externa financiera y administrativa que se iniciará en los próximas semanas al interior de la Municipalidad de Rapa Nui.
El requerimiento se fundamenta jurídicamente en lo dispuesto en el artículo 51 bis y 60 letra c de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece las causales de cesación del cargo por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas sobre probidad administrativa; y permite hacer efectiva la responsabilidad de los alcaldes y concejales dentro de los seis meses posteriores al término del período edilicio.
Los concejales en ejercicio tienen la obligación legal y ética de interponer este requerimiento para resguardar la probidad y legalidad administrativa del municipio. Sin embargo, sorprende el hecho de que sean las mujeres del Concejo Municipal quienes se atrevieron a llevar adelante una acción que va en la línea de buenas prácticas y la transparencia en el ejercicio de la administración pública.
Una vez admitido el requerimiento, el Tribunal Electoral Regional abrirá un plazo para la defensa y, de acuerdo con los tiempos establecidos, se espera que la resolución se emita durante el primer semestre de 2025.
