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Hasta el Juzgado de Garantías de San Antonio, llegaron la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, junto la gobernadora Gabriela Alcalde y el alcalde de la Municipalidad de El Tabo, Emilio Jorquera, para presentar un total de cuatro querellas criminales por el delito de estafa por la venta de sitios en loteos irregulares de dicha comuna balneario.
La iniciativa busca poner freno a la indiscriminada venta de sitios en loteos irregulares o brujos, transacción que a la postre corresponde solo la adquisición de un “derecho” sobre un terreno, pudiéndose configurar en ese momento el delito de estafa.
La Seremi Rosario Pérez destacó que “vamos a ponerle atajo a estas estafas que están ocu-rriendo en este balneario. No solamente ha ocurrido aquí en la comuna de El Tabo, lo vemos en toda la región de Valparaíso, pero hoy día hemos querido entregar una señal potente y de respaldo para poder efectivamente declararle la guerra a estos loteadores de terrenos irregulares que levantan estas inmobiliarias del delito. Juegan con el sueño de las personas de adquirir una propiedad”.
“Estas personas se arriesgan desde 3 a 10 años de presidio, según el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales hoy día estamos trabajando en coordinación con los municipios y con los conservadores de bie-nes raíces”, señaló la autoridad regional, agregó.
Además explicó que quienes han caído en esta estafa “obviamente son víctimas, nosotros los vamos a apoyar, a acoger, para eso estamos trabajando con el alcalde en la creación de un convenio que nos va a permitir atender caso a caso, y aplicar un criterio”
La gobernadora provincial de San Antonio, llamó a consultar en las direcciones de obras de cada municipalidad si el terreno que le está ofreciendo está afecto a alguna restricción, junto con hacer las denuncias en Bienes Nacionales, la Intendencia, gobernaciones o municipali-dades.
En El Tabo se ha detectado la actuación irresponsable de una verdadera mafia que se dedica a la venta de este tipo de terrenos, generándose una serie de trastornos al ordenamiento del plan regulador comunal, replicándose esta en varias comunas del país y en donde una de las más afectadas en los últimos años ha sido dicha comuna de la provincia sanantonina.
“Estamos cansados de recibir denuncias de personas que han sido estafadas por comprar terrenos que no pueden ser intervenidos para levantar una vivienda y menos para acceder a los servicios básicos de agua o luz”, expuso el edil.
El alcalde tabino agregó que “nosotros como autoridad municipal estamos obligados por ley a denunciar este tipo de ilícitos y hoy lo estamos haciendo de manera efectiva, con el ingre-so de cuatro querellas que se suman a otras ocho que han sido interpuestas con anterioridad ante el Tribunal de Garantía de San Antonio por nuestro equipo jurídico, con la finalidad en primer lugar de poner freno a este delito y de paso, sancionar con dureza a quienes de mane-ra fraudulenta se apropian del dinero de personas a partir de la venta supuesta de un terreno, que en definitiva es solo un derecho que no tiene ningún valor de bien raíz”.
