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Hoy la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que obliga a las empresas soterrar los cables en áreas de monumentos históricos y exige a que estas —si así el caso lo amerita— dispongan de programas progresivos de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre sitios de interés patrimonial.
El parlamentario independiente Marcelo Díaz fue uno de los legisladores que lideró esta iniciativa, presentando, hace un año, la propuesta en el Congreso, la que este mediodía pasó —con votación unánime— al Senado para su proceso final.
“Es un primer paso para ir resolviendo lo que llamamos basura aérea, que es aquella contaminación que podemos ver todos los chilenos y chilenas en nuestros cielos. En rigor, la intención de este proyecto de ley es sacar la enorme cantidad de cables existentes en la actualidad en el espacio aéreo. Incluso, en algunos casos no solamente afecta nuestros monumentos históricos, nuestro patrimonio cultural, sino que también nuestra seguridad”, expresó el personero.
“Por lo tanto —agregó Díaz— este proyecto establece la obligatoriedad a que toda empresa que instale cables aéreos debe, posteriormente, retirar aquellos que están en desuso. Pero también pretendemos iniciar un proceso de soterramiento de modo de terminar con esta contaminación visual, y evitar así el riesgo a las personas”.
“Estoy muy contento porque este es un proyecto que tiene muchos años, varias mociones, y pasa unánimemente aprobado por la Cámara de Diputados al Senado; por lo que espero que este lo considere prontamente”, expuso.
Necesidades Técnicas
En ese contexto Marcelo Díaz afirmó que “de acuerdo a la información que manejo, hoy existen en Chile un total de 2,5 millones de postes para instalaciones de distribución eléctrica y 168 mil kilómetros de tendido para instalaciones de distribución, y solo un 2 por ciento de ese total está actualmente soterrado”.
En ese contexto expuso que el soterramiento de las redes de servicios “se ha constituido en una necesidad por distintas causas, ya sea por el impacto que estas generan sobre su entorno, o por necesidades técnicas de las propias instalaciones”.
Manifestó que el retiro de estos cables que se encuentran en desuso es imperioso.
“Los postes que llevan las redes de distribución eléctrica no solo transportan la energía eléctrica domiciliaria y del alumbrado público, sino que soportan y se muestran atiborrados de cables que pertenecen a las diversas compañías que prestan servicios de telecomunicaciones, muchos de los cuales se encuentran ya en desuso, pudiendo ser calificados como residuos, desechos o escombros. Tales redes abandonadas se mantienen en ese estado —desafortunadamente— por el costo económico que significa su retiro”, dijo.
Municipalidades
El diputado por el Distrito 7 aseveró además que las empresas que prestan este servicio de energía eléctrica “no han asumido debidamente la responsabilidad que les corresponde y las municipalidades poseen escasas herramientas para hacer frente a esta situación”.
“Por lo mismo —añadió— es preciso que dimensionemos la magnitud del problema: el escaso nivel de cableado que se encuentra soterrado y, a su vez, la excesiva cantidad de elementos aéreos que están en desuso, constituyendo un riesgo para las personas, puesto que estos pueden provocar incendios y otros desastres”.
Para Díaz “una ciudad como Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, declarado por la Unesco, la excesiva cantidad de cableado aéreo no permite a vecinos y visitantes apreciar en toda su magnitud la monumental belleza de su entorno. Y esta situación se replica en otros sitios a lo largo del territorio que cuentan con zonas típicas, ruinas arqueológicas y monumentos históricos de incalculable valor arquitectónico y patrimonial (…) Todo lo anteriormente dicho, no es sino un llamado de atención para que demos pronta solución a este problema”.
Considerándose todos estos argumentos es que el proyecto de ley presentado por el parlamentario PS —y que pasó hoy al Senado para su aprobación final— agrega nuevos incisos al artículo 55 del decreto fuerza de ley Nº 4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.
“Las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, deberán contar con programas de retiro de instalaciones de redes, líneas y elementos de servicios eléctricos que no se encuentren en funcionamiento y de traslado progresivo de redes, líneas y elementos que se encuentren activas a espacios subterráneos seguros”, puntualiza el proyecto.
