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Tras la presentación hecha por los diputados RN Andrés Celis y Andrés Longton, la Contraloría Regional emitió un informe sobre los traspasos de dineros desde la Seremi de Vivienda hacia diversas fundaciones como EnRed, ProCultura, Arquiduc, Posible Otro Chile y Techo para Chile.
Documento con fecha del 28 de mayo de 2024 que analizó las rendiciones de cuentas aprobadas respecto de los fondos transferidos de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, a entidades privadas; y también la intervención del Serviu en ese proceso entre el 1 de enero del año 2021 y el 30 de junio de 2023.
Las conclusiones de dicha auditoría confirman las sospechas y denuncias de los parlamentarios Celis y Longton, ya que se detectaron irregularidades en las rendiciones de cuentas y otras situaciones relacionadas; como la falta de seguimiento y control, además de la no exigencia de boletas de garantía. Antecedentes en base a los que el ente contralor determinó que la Seremi de Vivienda de Valparaíso deberá intervenir para recuperar millonarios recursos, además de exigir la rendición de los proyectos que correspondan. Así mismo la Contraloría sumó estos antecedentes al proceso disciplinario ya en curso y también los derivó al Ministerio Público, que ya investiga hechos relacionados.
Al respecto, el diputado Andrés Celis, dijo que “La Contraloría estableció que no hay seguimiento adecuado en la ejecución de los proyectos, ni en la rendición de cuentas correspondientes por parte de fundaciones. Tampoco contratos que respalden gastos y hay faltas en la ejecución presupuestaria en ciertos períodos. Son todas situaciones que no se pueden pasar por alto y que requieren acciones inmediatas, por ser deficiencias que ponen en riesgo el correcto uso de recursos públicos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, que para nosotros son fundamentales.”
El parlamentario RN, agregó que “Yo espero que se agreguen los hechos y antecedentes relevantes al proceso disciplinario que se instruye, para así determinar posibles responsabilidades administrativas. Se debe asegurar la correcta rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las normativas vigentes en la gestión de la seremi Minvu. Insto a las autoridades responsables a actuar con diligencia y responsabilidad para subsanar las observaciones pendientes y fortalecer los controles en la gestión de proyectos de vivienda y urbanismo, porque insisto son situaciones que requieren atención inmediata.”
En la misma línea su par de RN, Andrés Longton manifestó que “La denuncia que presentamos con el diputado Celis arrojó resultados que a esta altura más que sorprender, revelan la debilidad y facilidad con la que se entregan recursos públicos, en este caso a fundaciones como ProCultura y EnRed, sin rigurosidad y con un débil control. Más de 350 millones que aún no son devueltos por ProCultura y EnRed, de quienes a lo largo de Chile sin experiencia y con una vinculación política evidente, se hicieron de millonarios recursos que iban a la gente más vulnerable, lo que denota el actuar fraudulento.”
El diputado Longton agregó que “La región de Valparaíso es de las que lideran la cantidad de campamentos en todo el país, por lo que estos cuestionamientos, son aún más condenables, frente a una burda fiscalización y control, ante quienes se aprovecharon de aquello, no solo debe quedar en esto, debe repercutir en las responsabilidades que este informe mandata a asumir mediante los procesos correspondientes. Las sanciones deben ser ejemplificadoras”.
En el detalle, Contraloría concluyó que “las fundaciones EnRed, ProCultura, Fundación Vivienda y Techo para Chile presentaban al 30 de junio de 2023, montos pendientes de rendición por un total de $692.187.487, por lo que, sin perjuicio de las medidas adoptadas, en orden a poner término anticipado a los convenios con EnRed y ProCultura, y solicitar la restitución de $254.375.000 y $108.919.144, respectivamente, a dichas fundaciones, la Seremi de Vivienda de Valparaíso deberá arbitrar todas las medidas que estén a su alcance para recuperar la totalidad de tales recursos, y a su vez, exigir la rendición de los proyectos que correspondan».
El informe también indica que «las Fundaciones Arquiduc y Posible Otro Chile, rindieron gastos por servicios profesionales y honorarios por la suma de $ 113.498.915, sin que conste la existencia de un contrato u otro documento en que se definan los derechos y obligaciones de las partes, comprobando además, que tales rendiciones incluyen gastos de asesorías pagadas al presidente de la Fundación Posible Otro Chile, por un monto de $ 11.335.000».
Otra conclusión de Contraloría es que «la Seremi Minvu transfirió los recursos a la Fundación Vivienda en una sola cuota, cuyo monto fue de $487.117.142, sin exigir la entrega de alguna garantía para el resguardo de dichos fondos, además, se verificó que la empresa subcontratada por la citada fundación inició sus actividades 51 días antes de la firma del contrato con aquella, y presentó 3 cheques a fecha como garantía, en circunstancias que debía tomar un instrumento de garantía pagadero a la vista, lo que pone en riesgo su exigibilidad (AC)».
