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Hace pocos días, la OIT dio a conocer las últimas estadísticas sobre la realidad que enfrentan las personas en situación de discapacidad para acceder al mercado laboral en los diferentes países. En el caso de Chile, la tasa de inactividad laboral para este grupo es de un 65% versus el 38% del resto de la población.
En este sentido, el presidente de la FCHD, Matías Poblete, apuntó a que “existen dificultades que merman la participación laboral de las personas en situación de discapacidad y éstas son la nula voluntad de implementar ajustes razonables en los puestos de trabajo, lo que limita las posibilidades de que ciertos candidatos se puedan incorporar a algunas ofertas, porque no van a tener cubiertas las necesidades de apoyo que presentan para desempeñar sus funciones”.
Si bien, en nuestro país tenemos al menos 35 mil contratos laborales vigentes de personas en situación de discapacidad gracias a la Ley 21.015, lo que demuestra que ha habido una movilidad positiva desde el período 2015 hasta la fecha, siguen persistiendo algunos obstáculos que le impiden acceder a puestos de trabajo.
“Hay muchas decisiones de no incluir laboralmente a personas en situación de discapacidad que se adoptan desde los prejuicios. Sin tener un conocimiento acabado de la realidad de las personas en esta situación, sin considerar sus competencias, destrezas y habilidades, se determina a priori por un diagnóstico que ciertas personas no van a poder incorporarse a ciertos puestos de trabajo”, sostuvo Poblete.
Fiscalizar la actual normativa
Desde la fundación, enfatizaron en la necesidad de fiscalizar la actual Ley de Inclusión Laboral 21.015: “Tenemos que entender que si en Chile se cumpliera a cabalidad, a lo menos se podrían incorporar más de 100 mil personas en situación de discapacidad a puestos de trabajo. Hasta aquí el sector privado ha sido el ejemplo de inclusión laboral. Y no así el Estado, el sector público. Lo que se requiere es que haya mayor fiscalización, que la Contraloría pueda fiscalizar al sector público y que la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar de mejor manera al sector privado, para que vayamos avanzando en el cumplimiento de la contratación del 1% de personas en situación de discapacidad”, dijo Poblete.
En tanto, la diputada e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales, reconoció que “sin duda, que tenemos muchos desafíos pendientes con las personas en situación de discapacidad, sobre todo para garantizarles el acceso al mundo laboral e ir disminuyendo las barreras que hoy enfrentan, porque a pesar de que tenemos normativas vigentes en esta materia las cifras siguen siendo negativas y tenemos que poner el foco en que como fortalecemos la actual ley, por ejemplo, aumentando la fiscalización, elevando las cuotas obligatorias, subiendo las sanciones a quienes incumplan y avanzando hacia otras leyes de inclusión”.
Cabe recordar, que en diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual consagra “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás”.
