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Hace algunos días el Ejecutivo decidió extender la vigencia de la Ley de Protección al Empleo por un mes, es decir, hasta el miércoles 6 de octubre de 2021. Con esta decisión del Gobierno, se prorroga la vigencia de las normativas que han hecho posible desde abril de 2020, la suspensión temporal de contratos de trabajo, producto de actos o declaraciones de autoridad (ejemplo: cuarentenas) o por pactos de suspensión. Esta extensión otorga derecho a un giro adicional con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía: hasta 19 giros, para los trabajadores suspendidos por acto de autoridad que hayan agotado sus giros anteriores. Esta prolongación también es extensiva a las normas de flexibilización de acceso y mejoramiento de los beneficios del Seguro de Cesantía.
La Ley de Protección al Empleo permitió proteger los contratos de más de 800 mil trabajadores, principalmente de micro, pequeña y medianas empresas. Sin embargo, a la fecha, las suspensiones por esta legislación vigentes totalizan 89.249, de las cuales 47.269 mil son suspensiones por acto de autoridad.
Frente a esta iniciativa, surgen voces que consideran que este beneficio debería durar más tiempo, y una de ellas es la diputada de Renovación Nacional (RN) por la Región de Valparaíso, Camila Flores, quien realizó un llamado a las autoridades para que llegue hasta diciembre esta cobertura.
“Si bien han mejorado las condiciones e indicadores de salud, muchas empresas aún no pueden volver a operar, ya que quedaron muy afectadas por las largas cuarentenas que vivimos durante este último año y medio, es por este motivo que considero necesario que se mantenga vigente hasta fines del 2021 el beneficio de la Ley de Protección al Empleo con el objetivo de no aumentar la cifra de desempleo, que en nuestro país bordea un 9,5%”, explica la legisladora.
La congresista argumenta que en la Región de Valparaíso el desempleo llega a dos dígitos: 10,7%, durante el trimestre móvil abril-junio, por lo que la situación sigue siendo preocupante para la zona, sobre todo considerando que no se sabe los efectos que podría tener la variante Delta en la evolución de la pandemia, y en los aumentos de casos que podrían generar eventuales nuevos confinamientos, que serían un balde de agua fría para los comercios que con mucho esfuerzo reabrieron sus puertas recientemente.
“Los servicios administrativos, enseñanza, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo y hotelería son algunos de los sectores que siguen golpeados por la pandemia, por lo que es necesario seguir manteniendo estos aportes del Estado como la Ley de Protección del Empleo para que estas pymes no tengan que despedir a sus trabajadores, sobre todo considerando las consecuencias que podría tener la cepa Delta del Covid-19 en caso que llegue a propagarse masivamente en la medida que existen mayores libertades y aperturas”, dijo.
Cabe resaltar que la Ley de Protección del Empleo y las legislaciones que de ella se derivan, fueron publicadas en 2020 con el objetivo de proteger la fuente laboral de los trabajadores, y trabajadoras en el contexto de la pandemia por Covid-19, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía durante ese período.
