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Cada vez queda menos para el plebiscito de salida programado para el domingo 4 de septiembre. Y según los expertos será la elección más importante que tendremos los chilenos desde el retorno a la democracia. El sufragio contemplará las opciones de Apruebo y Rechazo a la propuesta redactada por la Convención Constitucional y podrán participar más de 15 millones.
A propósito de esta votación, es que la Contraloría General de la República (CGR) emitió hace pocos días un instructivo sobre la prescindencia de los funcionarios públicos de cara al plebiscito de salida de la nueva Carta Fundamental. Entre las restricciones para los funcionarios públicos, el texto del órgano contralor señala que «las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan». De igual forma, esta autoridad indicó que “configura también un ilícito administrativo usar para los indicados propósitos, los recursos públicos, así como los bienes fiscales, municipales o de otras entidades estatales».
A raíz de esta estricta prohibición que efectuó la Contraloría para todos los funcionarios del aparato estatal (como los municipios) es que la diputada RN, Camila Flores, recurrió a la Contraloría General de la República para que investigue un posible acto de intervencionismo electoral y político de la alcaldesa de Calle Larga, Dina González (Partido Socialista), quien en su reciente cuenta pública realizó comentarios alusivos a favorecer la postura del Apruebo para el plebiscito de salida.
“El 4 de septiembre vamos a tener la elección para aprobar o rechazar esta convención constitucional, por lo que los quiero invitarlos a todos a que aprobemos esta nueva Constitución, porque es de ella, desde la base que estamos generando los cambios que todos como sociedad hemos deseado y por lo que hemos solicitado gritando en las calles, redes sociales o por distintas vías (donde) hemos pedido más dignidad y más justicia para nuestro país, por lo que es fundamental que ese día podamos seguir participando como lo hizo Calle Larga en la época del plebiscito”, expresó la autoridad comunal en el acto público en que daba cuenta de su gestión edilicia del 2021.
Es por estos dichos que la parlamentaria pedirá a Contraloría que aplique todas las sanciones, según corresponda a la gravedad de los acontecimientos. “Estos son hechos absolutamente prohibidos por la legislación, ya que no puede de ninguna forma usar los recursos fiscales de todos los chilenos, que se utilizaron para este evento público, con el objetivo de hacer campaña hacia una postura política en que directamente llama a votar por el Apruebo para ratificar la nueva Carta Magna”, comentó Flores.
La representante por la Región de Valparaíso concluyó enfatizando que este acto proselitista es “abiertamente ilegal y va contra todo lo que se encuentra defendiendo la Contraloría General de la República en favor de exigir a los funcionarios del Estado que no manifiesten su posición política en la jornada laboral y menos utilizando caudales fiscales”.
