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La presentación formal de una serie de medidas mitigatorias, de carácter real, para los vecinos afectados por los problemas en la construcción del proyecto Mirador Altos de Bellavista, en la comuna de San Antonio, solicitó la diputada María José Hoffmann, en un nuevo encuentro sostenido en las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la titular de la cartera, la ministra Paulina Saball.
Durante la cita –la cuarta con la ministra para avanzar en la búsqueda de soluciones-, la parlamentaria Hoffmann acompañada por el consejero regional Mauricio Araneda y los vecinos representados por la directiva del comité que encabeza el presidente Luis Gabriel Oyarzún, solicitaron información clara sobre el actual estado del proyecto -próximo al inicio de la demolición de las 150 viviendas-. Como también oficializaron una serie de solicitudes compensatorias para los afectados que han tenido que soportar largos años para la entrega de sus viviendas, que fueron mal construidas, en un proyecto que nació para damnificados del terremoto del 2010, Entre ellas, que las casas vengan con terminaciones adicionales a las que establece el nuevo decreto de Vivienda.
También entre las solicitudes planteadas se encontraba la salida de los beneficiados del proyecto, ante lo cual la ministra de Vivienda accedió, bajo ciertas condiciones que deben analizarse caso a caso. Y se confirmó la posibilidad de un subsidio de arriendo para los próximos meses, para los vecinos que estén en condiciones de arrendar, y que deben tramitar en el Serviu.
Tras el encuentro, la diputada Hoffmann sostuvo que “una vez más estamos acompañando a los vecinos en este largo proceso que ha sido lamentable en los últimos años, pero que hoy nos acerca a información concreta como son los tiempos de demolición y sus costos, y calidad de las nuevas viviendas”.
De la misma forma, Hoffmann agregó que “solicitamos oficialmente con los vecinos la entrega de más mitigaciones que entrega el estado con el nuevo decreto de construcción. Mitigaciones distintas, mejores viviendas, libertad de elección para los vecinos y que se analice levantar la cláusula de prohibición de venta. De a poco vamos viendo la luz”.
Por su parte, el consejero regional Mauricio Araneda sostuvo que “esta reunión nos permitió tener claridad sobre los avances del proyecto y así continuar realizando nuestra calidad de fiscalizadores. Asimismo, exigir las mitigaciones correspondientes para los vecinos y esclarecer todas las responsabilidades de quienes resulten responsables en este mal uso de recursos públicos que afectan a familias vulnerables de nuestra provincia”.
Mientras que el presidente del comité habitacional remarcó que “la reunión permitió esclarecer algunos compromisos por parte del ministerio como los subsidios de arriendo y se van a estudiar otras mitigaciones como cláusula de venta de la vivienda y con las casas mejor equipadas. También vamos a esperar la última semana de marzo para que comience la demolición y si no parte estudiaremos con los vecinos alguna medida de acción”. Finalmente, María Jaruf, sentenció que “estos años han sido complicados todos nosotros. Muchos ya no queremos vivir en esas casas porque reflejan mucha pena y dolor, y yo quiero vivir en un ambiente tranquilo”
Durante la última semana de marzo deberían comenzar las obras de demolición y extenderse por un periodo de dos meses. Los más de 400 millones de pesos que significará la demolición serán asignados al presupuesto regional del Serviu. Y mientras se realiza este proceso, se avanzará en el proyecto final de vivienda y sus respectivos costos.
