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Urgente intervención de los tres poderes del Estado y las policías solicita el diputado Andrés Celis Montt tras conocer casos de explotación sexual de menores que habitan en al menos 5 residencias femeninas que serían foco de este y otros delitos relacionados en comunas de la región de Valparaíso. Se trata de la residencia de Vida Familiar de Quillota, Vida Familiar de Valparaíso, hogar Niña Adolescente de Villa Alemana, residencia Casa Cumbres de Valparaíso, y residencia de Manuel de Tezanos Pinto de Quillota, todos lugares desde donde, según la información entregada al diputado, se producen salidas no autorizadas en las que estas niñas y adolescentes son llevadas por adultos para explotarlas sexualmente, a cambio de drogas o dinero.
Situación que ya estaría siendo investigada por el Ministerio Público, a la que se suman otras problemáticas como la falta de cupos en los centros de la región de Valparaíso, que derivan, por ejemplo, en imposibilidad de internación, en separación de hermanos en distintas residencias y desarraigo familiar por la asignación de cupos lejanos a los domicilios de estos. Además, existe una importante brecha en salud mental de niños, niñas y adolescentes de la región con graves vulneraciones de sus derechos. Y a la fecha hay también una lista de espera en los Programas Ambulatorios de atención.
El diputado Andrés Celis Montt calificó como extremadamente graves las denuncias conocidas, señalando que «más allá de la precariedad del sistema, vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, que por supuesto nos preocupan y ocupan, aquí hay explotación sexual, pedofilia y otros delitos de connotación sexual, dónde además están involucrados por acción y omisión civiles y funcionarios públicos. Y por tanto, tomaré todas las acciones que estén a mi alcance”
El parlamentario representante del distrito 7, anunció que «Por lo pronto, solicitaré al Ministerio Público que accione y derive los casos a la URAC y delitos sexuales de inmediato, impulsaré una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Y también pediré medidas urgentes de protección a los niños por parte de los ministerios de Desarrollo Social y de Justicia, Servicio Mejor Niñez Nacional y Regional e Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, me parece importante que la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, rinda cuenta de lo que no hizo ante estos graves hechos.”
Respecto de la inexistencia de plazas en centros residenciales en la región de Valparaíso, el diputado Andrés Celis, ha advertido de la situación en diversas ocasiones a través de oficios fiscalizadores, como es el caso del cierre de la residencia Nuevo Caminar en Limache, donde los niños y adolescentes fueron enviados a distintos lugares, sin seguir ningún criterio orientador y sin velar por su interés superior.
Reacciones
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso, Paula Gutiérrez se refirió al caso:
«A través del Programa Mi Abogado, la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso ha estado trabajando desde la primera denuncia en la representación jurídica especializada de las víctimas de estos casos que ahora se mediatizan, ya que es lo que como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos compete. El abordaje se ha llevado a cabo a través de la tripleta que la institución dispone para niños, niñas y adolescentes, la que está compuesta por un abogado, un psicólogo y un trabajador social.
Cabe agregar que, para el resguardo de los derechos de NNA, se trabaja en coordinación constante con diversas instituciones que actúan en torno a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre ellas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INDH, el Servicio de Protección Especializada, esta misma Seremi, por nombrar algunos.
Importante, también, es señalar que las labores de protección de la infancia son constantes, aun cuando ellas no sean dadas a conocer a través de los medios y, cuando así ocurre, siempre se tiene especial cuidado porque parte del compromiso con la infancia es evitar la revictimización, sobreexponer a NNA, y precaver cualquier forma de vulneración que pueda afectar a quienes, como Estado, estamos mandatados a proteger.
No está demás señalar que todos los casos de los que se toma conocimiento, relacionados con la infancia y la adolescencia, son prioritarios para nuestro Gobierno, por lo que se activan inmediatamente todos los protocolos de los que se dispone para proteger y subsanar estas lamentables situaciones que atentan contra este grupo humano, uno de los de mayor interés como sujetos de protección en nuestra sociedad.»
Mientras que desde el Servicio Mejor Niñez de Valparaíso, el Director Regional (S) del Servicio de Protección Especializada de Valparaíso, Francisco Olivares Merino declaro lo siguiente:
«En relación a la denuncia realizada por el diputado Andrés Celis, como Servicio, valoramos su preocupación en una temática tan importante como lo es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la región, ya que permite visibilizar esta materia de alta complejidad, que es y ha sido prioritario tanto para la Dirección Nacional como para la Dirección Regional.
Este es un fenómeno histórico, que está presente en distintas regiones de nuestro país, pero en el que, como Servicio, hemos trabajado exhaustivamente: como región, hemos realizado 32 denuncias al Ministerio Público durante este primer semestre, hemos articulado a diferentes actores a través de la Comisión Coordinadora de Protección Regional, hemos realizado capacitaciones y seminarios específicos sobre explotación sexual comercial a las policías, convenios de colaboración, entre otras acciones.
Como Servicio de Protección Especializada no tenemos la facultad de investigar y perseguir a estas redes, por lo que hemos facilitado toda la información que tenemos sobre esta materia al Ministerio Público, para que las denuncias realizadas se conviertan en querellas y las investigaciones avancen en pos de la protección de los niños, niñas y adolescentes vulneradas de manera oportuna.
Estamos constantemente articulando acciones con distintas autoridades regionales, en mesas de trabajo, implementado protocolos, trabajando de la mano con el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional, de manera de prevenir y contribuir a combatir este fenómeno».
