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El diputado Andrés Celis concurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar una auditoría sobre las medidas y actividades de mitigación implementadas por organismos públicos en relación con los socavones en Viña del Mar y Concón.
La solicitud surge tras la crisis que afectó a la zona, donde la inestabilidad del suelo ha puesto en riesgo a edificios habitacionales y a la conectividad vial de la región, particularmente en el sector de Cochoa, donde las propiedades afectadas fueron: Edificio Kandinsky el 22 de agosto 2023; Edificio Santorini Norte el día 11 de septiembre 2023 y Edificio Euromarina II ocurrido el 9 de junio de 2024 y la Ruta CH-64, es decir, el denominado «Camino Internacional».
El parlamentario, representante del distrito 7, explicó que, a raíz de las lluvias, se han gastado miles de millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial Regional y la Municipalidad de Viña del Mar, sin que exista claridad sobre la efectividad de estas intervenciones. En ese sentido, recordó que el socavón de 2023 obligó a evacuar familias y generó un fuerte impacto en la seguridad y calidad de vida de los vecinos, lo que para Celis Montt «amerita una revisión exhaustiva de los recursos empleados».
“Queremos saber cuánto se ha invertido y en qué se ha gastado. Por eso hemos venido a la Contraloría Regional, para que audite y garantice transparencia. No conocemos ningún plan concreto para enfrentar un posible nuevo colapso de tierra, ni qué rol han cumplido cada uno de los organismos involucrados”, afirmó Andrés Celis.
El diputado también cuestionó la falta de coordinación entre las entidades responsables. “No sabemos qué obras ha ejecutado el Serviu, si fueron las adecuadas y cuánto costaron. Tampoco está claro el trabajo de la Dirección de Obras Hidráulicas ni si las medidas adoptadas están respaldadas por estudios técnicos. Además, la Municipalidad de Viña del Mar debía encargarse de la limpieza de resumideros y quebradas, pero no sabemos qué se hizo después de la emergencia”, agregó.
Cabe destacar que, tras la emergencia del socavón en el sector de Reñaca en 2023 y 2024, diversas autoridades comprometieron acciones para evitar una nueva tragedia, sin embargo, hasta la fecha persisten dudas sobre la efectividad de dichas medidas. Según el parlamentario, el propio Ministerio de Obras Públicas ha reconocido la responsabilidad estatal en estos deslizamientos, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una auditoría que determine si los fondos fueron bien utilizados y si se han implementado soluciones de largo plazo.
El diputado Celis enfatizó que, antes de un nuevo invierno, es urgente conocer el estado de las obras de mitigación para evitar otro desastre porque “esto no solo afecta a los edificios de Cochoa, sino también a la infraestructura costera y a las viviendas de trabajadores y pescadores del sector. La ministra de Obras Públicas reconoció que hay responsabilidad estatal en lo ocurrido, pero hasta ahora no conocemos un programa serio de prevención”, concluyó.
