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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió acoger a examen de admisibilidad una nueva denuncia presentada por el diputado socialista Marcelo Díaz contra la Municipalidad de Viña de Mar por el modo en que se lleva el proceso de licitación para la próxima concesión del terminal de buses de esa comuna, con el fin de determinar “si existen méritos suficientes para iniciar o descartar una investigación al respecto”.
“Si bien el Municipio no ha querido reconocer públicamente los tremendos errores que tiene la licitación que se inició a principios de julio, y solo ha señalado que le imprimiría algunos ajustes menores a las bases del concurso, lo cierto es que a través del Decreto 7.800, con fecha de 17 de agosto, decidió modificar, luego de mi primera acusación al FNE, de manera considerable las condiciones que originalmente había establecido y que fueron en un inicio fuertemente defendidas de manera pública por el Secpla (Secretaría Comunal de Planificación)”, señaló el parlamentario.
En ese sentido agregó que las bases de esta licitación “infringen las normas que garantizan la libre competencia en el mercado de transporte de pasajeros, lo que puede terminar impactando fuertemente en los miles de usuarios de este servicio. Además no se está dando cumplimiento a la normativa sectorial de transportes que obliga a los municipios a reglamentar por medio de una ordenanza actualizada las condiciones de operación de este tipo de terminales que garanticen la prestación de un servicio adecuado a la comunidad”, aseveró.
Plan de Inversiones
Marcelo Díaz expuso que una de las modificaciones que el municipio hizo en las bases de licitación fue la incorporación de un Plan de Inversiones para mantener y reparar las instalaciones del terminal (baños, pintura, acceso discapacitados y habilitación del segundo piso). “Originalmente no lo consideraba y cuando los concejales lo plantearon con anticipación se les dijo que no era necesario porque el edificio estaba en excelentes condiciones”, expresó.
“También –prosiguió– se modifica la estructura de tarifas que el nuevo concesionario podrá cobrar. El derecho a loza máximo se rebaja de las originales 0,12 UTM a 0,11 (actual es 0,7). Además se pone un límite al cobro por boleterías que originalmente era ilimitado, ahora no podrá ser mayor a 1,9 por metros cuadrados; en la actualidad no puede exceder de las 4 UTM” .
También se modifica la pauta de evaluación de las ofertas, en la ya no se privilegia el valor de renta que se pagará al municipio, “sino que el valor de losa, arriendo de boleterías, experiencia y plan de inversiones, criterios (salvo el de la experiencia) que antes nunca estuvieron considerados”, anotó el parlamentario.
Otra modificación: se cambia la forma de pago al contado que se está pidiendo por la concesión. “Ahora se pide 110.000 UF dentro de los 30 días a la firma del contrato, otros 75.000 a los 6 meses y a partir del año 9 se mantienen las 9.000 UF o el 15 % de los ingresos en caso que sean mayores”, aclaró.
Para Marcelo Díaz estas modificaciones “demuestran improvisación de parte de quienes están a cargo de la licitación, y quienes hace pocas semanas defendían vehementemente sus términos. Este caso se está asimilando mucho a lo que pasó con los estacionamientos de la Población Vergara, donde al final todo terminó en un fracaso por no reconocer los errores a tiempo”.
Concluyó el diputado: “Si bien las modificaciones a las bases que introduce a medio camino la Municipalidad son un avance, no resuelven del todo las amenazas o peligros para la libre competencia, ya que se sigue entregando al concesionario el establecimiento del detalle de todas las condiciones de operación del terminal, lo que puede prestarse para abusos que ya no se podrán evitar con la información tardía a la Fiscalía Nacional Económica, una vez que los hechos estén consumados: las rentas pagadas y un contrato vigente por 16 años. En rigor, la Municipalidad persiste con la licitación tal como está”.
