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Un total de once observaciones detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en una auditoría efectuada al proceso de contratación, habilitación y utilización como residencia sanitaria del Hotel Enjoy San Antonio, ejecutado por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), entre las cuales se advierte un mal uso de recursos públicos, faltas a los protocolos de supervisión e incluso que el mencionado hotel no reunía las condiciones mínimas sanitarias para cumplir esta función.
Al respecto el diputado y precandidato presidencial del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, valoró esta resolución en cuanto a que “hace meses vengo advirtiendo que estos contratos debían ser hechos en forma clara y pública. El Gobierno debió, a mi juicio, aprovechar otros espacios para recibir a los contagiados, como los propios ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores) con los cuales existía un convenio para que pudieran ser utilizados como residencias sanitarias”.
Junto con esto, el parlamentario agregó: “Me parece inmoral que en tiempos de pandemia, donde la gran mayoría de las y los chilenos se encuentran devastados económicamente, veamos a importantes instituciones de nuestro país despilfarrando recursos públicos que están destinados, justamente, a enfrentar la pandemia. Espero que existan las sanciones correspondientes y una aclaración por parte de las autoridades pertinentes porque junto con el eventual uso irregular de fondos fiscales, este informe de Contraloría señala que el Hotel Enjoy ni siquiera cumplía con las condiciones básicas sanitarias para ser utilizado como residencia lo que podría haber puesto en riesgo la salud de las personas”.
“A la luz de estos antecedentes es totalmente legítimo dudar respecto de los reales intereses de quienes impulsaron la contratación de los servicios del Hotel Enjoy”, enfatizó Díaz.
Informe
En su informe final la Contraloría advierte que el SSVSA “subarrendó sesenta y nueve habitaciones con el Hotel Enjoy-San Antonio y, a su vez, contrató con la empresa San Sebastián Ltda. el servicio de alimentación para los residentes, por separado, lo cual determinó, en los días que estuvo a plena capacidad, un pago total de $57.120, por persona, situación que no armoniza con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad de la ley N° 18.575, toda vez que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los caudales públicos en la realización de sus tareas, por lo que esta Sede Regional procederá a iniciar un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los involucrados en los hechos”.
Además se determinó, en base a la información proporcionada por el SSVSA, la existencia de días en que el Hotel Enjoy-San Antonio “no fue ocupado en su plena capacidad, lo que derivó en el pago de habitaciones que no fueron utilizadas, según se detalla en el Anexo N° 2, por la suma de $19.527.900, por lo que el haber arrendado ese recinto sin considerar las habitaciones que efectivamente se ocuparían, no armoniza con los ya anotados principios de eficiencia, eficacia y economicidad, por lo que esta Sede Regional adicionará tales antecedentes al sumario administrativo ya señalado”.
De igual manera, según señala el informe de Contraloría “se comprobó que la contratación del Hotel Enjoy-San Antonio se concretó sin que se efectuara la correspondiente evaluación del recinto, con el objeto de determinar si este cumplía con los requisitos técnicos mínimos para funcionar como RS, y proveer los servicios de alimentación y limpieza de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 419, de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública; y que el piso de las habitaciones, al estar cubierto de alfombras, no permite el lavado previsto para ello en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19, del MINSAL”.
“Se verificó —aclara el informe de Contraloría— que para la elección de las residencia sanitarias, ese servicio de salud no utilizó una pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos, que permitieran respaldar de manera objetiva la elección de un establecimiento para ser utilizado como tal, lo que no se condice con los mencionados principios de eficiencia, eficacia y economicidad consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, por lo que, en adelante, deberá adoptar medidas a objeto que decisiones como las de la especie se encuentren debidamente fundamentadas, ajustándose a los precitados principios”.
Por tanto, advierte el órgano contralor, “no consta la existencia de antecedentes que den cuenta de supervisiones efectuadas, para comprobar la correcta entrega del servicio arriendo de habitaciones del Hotel Enjoy-San Antonio para su uso como RS, lo que impide conocer si esa labor se llevó a cabo y con qué periodicidad, por lo que, en adelante, se deben adoptar medidas para evitar la reiteración de situaciones similares. Ello, sin perjuicio de los resultados que arroje la Investigación Especial que lleva esta Sede Regional en ese SSVSA respecto de la falta de acreditación de los honorarios contratados con el servidor Mauricio Araneda Atenas”.
También se constató la existencia de tratos directos por servicios de alimentación por montos superiores a 1.000 UTM, que carecen de un contrato, “incumpliendo con ello el artículo 63, del mencionado decreto N° 250, de 2004, por lo que corresponde que el sumario administrativo sobre la materia, iniciado por el SSVSA mediante resolución exenta N° 7.131, de 2020, el cual se encuentra inconcluso, continúe tramitándose por este Organismo de Control, debiendo ese servicio remitir todos los antecedentes de que disponga sobre dicho proceso”, expone la resolución de la Contraloría.
San Antonio
Cabe recordar que el diputado Marcelo Díaz solicitó el año pasado, a la Contraloría Regional de Valparaíso que se investigara la contratación de servicios de hotelería de alto costo en la región para aislar y asistir a contagiados por la COVID-19, ello tras darse a conocer por un diario electrónico que el SSVSA —dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales— emitió una orden de compra vía trato directo por $187.590.950 (IVA incluido) para contratar al hotel Puerto Mayor de San Antonio, con el propósito de recibir a estos enfermos, siendo que el negocio era entonces controlado por la sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada, perteneciente a la familia del entonces subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia Infante.
De igual manera, el parlamentario solicitó al intendente Jorge Martínez información sobre el destino que tuvo el anuncio que se hizo en abril del 2020, sobre la habilitación de centros estadía de larga duración para adultos mayores en la región, un convenio entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud y el Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor), “el que nos proveía de instalaciones gratuitas, sin costo, para habilitar residencias sanitarias; sin embargo, ninguna de ellas se ha concretado. Por el contrario, sí hubo contratación de hoteles, como el O’Higgins. Se habla también de un convenio con el IBIS, lo mismo pasa en San Antonio”, expresó el parlamentario.
Además el diputado pidió en ese momento a la misma autoridad un informe respecto de “por qué no se han implementado los ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores), que son instituciones gratuitas, desde el punto de vista del costo del arriendo del inmueble. Por lo tanto, le solicité a la Contraloría que verifique que se estén cumpliendo todas las normativas relacionadas a las contrataciones públicas”.
Por ello, Marcelo Díaz manifestó: “Este informe obligará al Gobierno a aclarar, como se lo solicité en su momento al intendente Martínez, qué criterios se tomaron para contratar hoteles y empresas de servicios para atender contagiados de COVID. A primera vista, cuando lo denuncié el año pasado, la implementación de estas residencias sanitarias no era muy clara, por lo mismo solicité la investigación; ahora, con la resolución de Contraloría, confirmo lo planteado y emplazo al gobierno a que responda con claridad y celeridad”.
