Radio Festival La radio en colores de Chile
Junto con lamentar lo sucedido con el presidente de la Junta de Vecinos N°7 Cerro Polanco, Sebastián Gómez, y su pareja, Estivalía López, quienes sufrieron este domingo, por la madrugada, un ataque con armas de fuego en su domicilio, el diputado socialista Marcelo Díaz afirmó esta mañana que solicitará poner en tabla, en la Comisión de Constitución, el proyecto de ley que presentó el año pasado en el Congreso, que establece agravante de responsabilidad penal en caso de delitos contra miembros de organizaciones sociales y vecinales.
“Con esta iniciativa buscábamos dotar de mayor protección a los dirigentes sociales que actualmente se exponen a lesiones y amenazas de parte de personas que no entienden, o sencillamente no aceptan, el rol administrativo y fiscalizador en materia de seguridad ciudadana de estos representantes de la comunidad”, expresó el parlamentario, haciendo hincapié que, de acuerdo a lo que cuentan las personas agredidas este fin de semana en un cerro de Valparaíso, “ellos fueron atacados por bandas criminales que están operando en el sector a través de la venta de drogas. En rigor: quieren amedrentar el trabajo comunitario y tener el cerro para ellos”.
Agregó que “según lo que informa hoy la prensa, la pareja estaba en pleno trabajo de reactivación de la unidad vecinal, enfocando sus esfuerzos en generar mesas de trabajo con la policía uniformada, para mejorar la situación de seguridad en el cerro Polanco.
“Por tanto —sostuvo Díaz— el objetivo del proyecto de ley que presenté el año pasado establece una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, específica, en relación con los delitos de amenaza, lesiones graves, castración, mutilación y homicidios, que pudieren cometerse en contra miembros de las directivas de las juntas de vecinos, cuando se realizan en represalia del ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad, especialmente”.
Seguridad Pública
Para el diputado esta modificación se fundamenta en que estas personas se desempeñan voluntariamente en estas organizaciones, colaborando en materias de prevención y actuando frente a la autoridad respecto de situaciones antisociales que afectan al sector que representan, “lo que sitúa a los dirigentes en una posición vulnerable por el carácter social de sus funciones propias del ámbito de la seguridad pública”, aclaró.
En estos casos el juez deberá considerar la agravante a fin de aumentar la penalidad acorde con la antijuridicidad del hecho sancionado, explicó el legislador.
“En este contexto, la circunstancia agravante propuesta se justifica objetivamente en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por cuanto esta se encuentra en una situación de extrema indefensión al momento de la comisión del delito, pues por la naturaleza de sus funciones como dirigente vecinal, especialmente en problemas que afectan a la unidad en el ámbito de la seguridad ciudadana, lo exponen a represalias de las organizaciones criminales que intimidan a las comunidades con sus malas prácticas”, concluyó.
