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El diputado socialista Marcelo Díaz presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por posibles irregularidades en los derechos a la libre competencia, en el proceso de licitación de la concesión del terminal de buses de Viña del Mar.
El parlamentario por el Distrito 7 de la Región de Valparaíso resolvió exponer este caso a este ente fiscalizador para su investigación basándose en un fallo que este mismo organismo dictaminó contra el rodoviario de Talca, lo que conminó a que el municipio de esa comuna revocara este concurso.
“Solicité al FNE una investigación para que se analicen los potenciales riesgos a la libre competencia que la licitación de la Concesión para la Explotación del Terminal Rodoviario de la Ciudad de Viña del Mar podría generar en el mercado de servicios de terminal de buses para el transporte interurbano de pasajeros, con el consiguiente perjuicio para los usuarios”, expresó.
Agregó Díaz que “la Municipalidad se encuentra desarrollando una licitación para la explotación del único terminal de buses interurbano de pasajeros que existe en la ciudad, que es de propiedad municipal, y que presta un servicio a cientos de miles de usuarios”.
Por lo mismo, puntualizó, dada la importancia de este recinto, “revisé las bases de licitación y pude determinar que las condiciones que fueron establecidas en ellas, concederán al futuro administrador del terminal una posición dominante en el mercado de servicios de terminal de buses para el transporte interurbano de pasajeros en Viña del Mar, puesto que los servicios ofrecidos por un terminal de este tipo son un insumo necesario para el desarrollo de la actividad de transporte de pasajeros”.
Lo anterior, sostuvo el diputado PS, “es sumamente grave, en el entendido que además no existen sustitutos viables para los servicios ofrecidos por el Terminal Municipal, dado que la construcción de uno nuevo, de carácter privado, no es una alternativa comparable económicamente con la de acceder a los servicios ofrecidos por el actual rodoviario”.
Normas Generales
Marcelo Díaz aclaró además que la licitación, para otorgar esta concesión para la explotación del terminal de buses, “no cumple con lo establecido en el decreto supremo 94/1984 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba la política nacional de terminales para servicios públicos de locomoción colectiva no urbana, y que establece algunos principios básicos como el rol rector de este organismo de Estado, en coordinación con los ministerios de Obras Públicas, y Vivienda y Urbanismo, en materia de dictación de normas generales sobre terminales no urbanos; y con los municipios, en cuanto a la dictación de ordenanzas municipales”.
Para el parlamentario los principales riesgos a la libre competencia que se observan en el caso que se mantengan los términos de la actual licitación para la explotación del terminal de buses municipal de Viña del Mar, son, entre otros, “la posibilidad de un alza indiscriminada de tarifas en el terminal municipal actualmente existente, que para el caso de las boleterías (exigencia indispensable para que una línea de buses pueda operar en el terminal) es ilimitada; y para el de derecho a losa, que deben pagar las empresas operadoras de transporte, podría aumentar hasta en un 58 por ciento, respecto de los valores actuales máximos (hoy el valor máximo es de 0,07 UTM y las nuevas bases permiten elevarlo hasta 0,12 UTM)”.
Discriminación
Al diputado le preocupa que “se genere una discriminación entre usuarios del terminal, como resultado de una posible integración vertical entre el concesionario y las empresas de buses determinadas, excluyendo a otras entidades, afectando la libre competencia, y por tanto la calidad de los servicios que el terminal municipal debe prestar a los usuarios”.
También, concluyó, se debe aclarar “la falta de mecanismos para asegurar que el acceso a boleterías y losas sea en condiciones objetivas y no discriminatorias, ya que las bases de licitación entregan al concesionario la facultad absoluta de regular este tipo de materias”.
