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El diputado socialista Marcelo Díaz presentó hoy al Congreso una solicitud para que se conforme en la Cámara Baja una comisión investigadora que evalúe el funcionamiento de la Ley de Puertos de los últimos veinte años.
En medio de movilizaciones y protestas de parte de los trabajadores portuarios, especialmente de los empleados llamados “eventuales”, que prestan servicio a las concesionarias de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y que exigen mejores condiciones laborales, el parlamentario informó que “hemos reunido 71 firmas de diputados para solicitar a la Cámara la creación de una comisión investigadora que evalúe lo que ha sido el funcionamiento de la Ley de Puertos de los últimos veinte años; en rigor, desde que se inició el proceso de concesión de las distintas empresas portuarias de carácter público y estatal”.
Agregó que “esta no es una solicitud de comisión que surja como consecuencia del paro portuario, pero qué duda cabe que es extremadamente oportuna”.
Destino de Recursos
Respecto de la solicitud presentada, Marcelo Díaz explicó que “queremos hacer una evaluación porque la Ley de Concesión de Puertos tenía un propósito: que los privados hicieran las inversiones que los puertos de Chile requerían para modernizarse y estar a la altura de un país que empezaba a mostrar una vigorosa faceta de exportación e importación de productos; y que esos recursos, que el Estado iba a ahorrar no destinando a la modernización, se pudieran destinar a otras iniciativas o prioridades sociales”.
“Sin embargo –prosiguió el diputado PS– lo que hemos visto los últimos veinte años es que esto ha reportado tremendas ganancias a las concesionarias de los puertos, pero prácticamente muy poco a las ciudades donde se albergan. Ustedes saben muy bien que en el marco de la discusión de la Ley de Rentas Regionales hemos planteado, como Bancada Regionalista, y junto con la Asociación de Alcaldes de Ciudades Puertos, la creación de una Tasa Portuaria que permita que un porcentaje de los recursos que los puertos generan, quede en la ciudades, como en Valparaíso, San Antonio, Coquimbo, Talcahuano, Arica (…) esto, pues, nos parece vital”.
Para Díaz “Valparaíso, y sus habitantes deben reconocerlo, ya no es la ciudad esplendorosa de los orígenes, y sin embargo el Puerto genera enormes utilidades para sus concesionarios y deja poco para la comuna, y la verdad es que el conflicto de los trabajadores portuarios da cuenta de aquello: en que una concesionaria de una empresa portuaria pública, como TCVAL, puede llegar a un acuerdo con sus trabajadores; mientras que otro concesionario, cuyo titular es de la una de las fortunas más grande de Chile, el Grupo Von Appen, se niega a flexibilizar su posición para atender la realidad de la precariedad laboral que viven cientos de trabajadores eventuales, que son verdaderos obreros con régimen laboral del siglo 19”.
Finalmente el diputado del Distrito 7 afirmó que “nos parece tremendamente oportuno y pertinente presentar esta solicitud porque lo que nos interesa es que podamos ver las luces de las sombras de este proceso; pero también sacar conclusiones que permitan que las riquezas que generan los puertos se traduzcan en riquezas para el país, y no solo para cuatro, cinco grupos económicos que son los que administran los puertos públicos de Chile, que hoy están en manos privadas”.
