Este mediodía el diputado socialista Marcelo Díaz presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica el código sanitario para facultar a la autoridad que corresponda el establecimiento de un rango de precios sobre los productos farmacéuticos, alimenticios, productos cosméticos, de higiene y elementos de uso médico.
Esta iniciativa, que fue ingresada junto a la diputada PS Maya Fernández, Patricio Rosas (independiente) y Miguel Crispi (Frente Amplio), surge luego de “denuncias hechas por ciudadanos —una en la región de los Ríos y otra en la de Valparaíso— por las enormes diferencias que hay entre el valor de los productos y medicamentos de las farmacias y de las clínicas, que están al lado. Es más, contamos el caso de un insumo médico que en su oportunidad costó seis veces más en la clínica que el precio que ofrece regularmente la farmacia”, aseveró el parlamentario.
“Con el ingreso de este proyecto de ley —sostuvo Díaz— buscamos establecer la obligación a los establecimientos asistenciales de salud de carácter privado de respetar el rango de precios que facultativamente pueda establecer la autoridad sanitaria sobre cada uno de estos insumos”.
De esa manera, manifestó el legislador, “contribuiremos a frenar la cultura del abuso y precarización de nuestros derechos. Es preciso que las entidades privadas den las explicaciones que correspondan por las conductas abusivas que cometen a diario, y se sometan a nuevas obligaciones que permitan un mejor resguardo de los derechos sociales”.
“Hoy el derecho afectado es la salud, y mañana puede ser la educación, la seguridad social o la vida. Lo decimos fuerte y claro: No más abuso ni menoscabo a nuestros derechos”, afirmó.
«Frenar la avaricia»
En ese contexto la diputada Maya Fernández expuso que “el tema de los remedios es un derecho. Las personas muchas veces tienen que pagar mucho por un remedio para curarse, imagínense cuando llega a una clínica porque se siente muy mal y que finalmente tiene que pagar en exceso por estos medicamentos. Es por eso que estamos apoyando este proyecto de ley ”.
Mientras que el diputado Miguel Crispi aclaró que “el principal enemigo y adversario, en esta materia, es la enfermedad (…) Por eso a las personas les indigna que algunas empresas farmacéuticas, o esa clínica que tiene un dueño, ocupen la enfermedad a su favor, cobrando precios que no corresponden”.
En tanto que para el parlamentario Patricio Rosas “lo que estamos pidiendo con este proyecto de ley es regular, frenar la avaricia de estas empresas que compran productos médicos baratos, por mayoría, y les cobran a los usuarios en forma abusiva”.
Precios
En ese ámbito, Marcelo Díaz declaró que “este proyecto de ley tiene su foco en un tema específico del ámbito sanitario, pero que es especialmente sensible para el bolsillo de las personas: nos referimos a las diferencias preocupantes que existen entre los precios que cobran las clínicas privadas y los precios que cobran las farmacias por los productos farmacéuticos, productos alimenticios, producto cosméticos, productos de higiene y odorización personal y elementos de uso médico”.
Acotó que “el precio de referencia para la elaboración del rango de precios señalado precedentemente podrá ser actualizado semestralmente por la autoridad sanitaria correspondiente. Además será obligatorio para los establecimientos asistenciales de salud de carácter privado respetar el rango de precios que pueda establecerse por la autoridad sanitaria correspondiente”.
Finalmente Díaz detalló que “para la elaboración del rango de precios, de acuerdo a lo que proponemos en este proyecto de ley, la autoridad sanitaria competente podrá establecer un precio de referencia para cada producto farmacéutico, producto alimenticio, producto cosmético, producto de higiene y odorización personal y elemento de uso médico. Para ello, tomará en consideración, entre otros factores, los precios vigentes observados en las cadenas farmacéuticas, laboratorios, droguerías y otras distribuidoras de estos insumos en el país y las compras realizadas directamente por la autoridad sanitaria competente”.