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En reunión sostenida esta mañana -lunes 2 de abril- los diputados Daniel Verdessi (DC) y Rodrigo González (PPD) solicitaron al contralor regional, Víctor Merino, extender a 10 años la fiscalización realizada a la Municipalidad de VIña del Mar por el pago de horas extras a directivos de dicha casa consistorial.
Daniel Verdessi manifestó que «hemos tenido la colaboración del contralor regional para tener en poco tiempo más el resultado de esa investigación sobre la pérdida de recursos fiscales y que involucran el pago excesivo de horas extraordinarias».
El parlamentario falangista precisó que «estamos atentos al resultado de esta investigación y me preocupa conocer si los concejales tuvieron a la vista un presupuesto equilibrado cuando fue aprobado, porque de no ser así estarían incurriendo en faltar. También saber qué ha ocurrido con los directores de control dentro de la municipalidad que no habrían estado haciendo el trabajo adecuado, porque el déficit existe y está demostrado»
Ambos parlamentarios destacaron que no existe una declaración pública de parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, al respecto Rodrigo González puntualizó que «lo que hemos subrayado al contralor es que la responsabilidad en la querella que hemos presentado por la malversación de fondos que se ha presentado en la municipalidad de Viña del Mar, radicada en la alcaldía. La alcaldía es la única autoridad que tiene facultades para ordenar horas extras y trabajos extraordinarios, esa autoridad es responsable durante un período de más o menos diez años de esta situación.
Los diputados Verdessi y González solicitaron al contralor que la investigación se extienda a un período mayor a la que se hizo el 2015 y comience 2008, desde «donde se produjo un sistema en el cual los fondos municipales fueron destinados en parte importante -en el caso de las horas extras- a los directores municipales», destacó Rodrigo González.
Le reunión con el contralor regional se enmarca en la querella presentada por ambos parlamentarios en contra de quienes resulten responsables por malversación de caudales públicos o fraude fisco, tras investigación realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso.
