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En una jornada marcada por la conversación y escucha activa, dirigentes sociales de diversos sectores de Valparaíso y Viña del Mar, junto a la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, reforzaron el llamado a reactivar el proyecto de ley que busca brindar protección efectiva a quienes lideran las comunidades en la región. La iniciativa, que lleva años detenida en el Congreso, tiene como objetivo reconocer legalmente a los dirigentes sociales y garantizar su seguridad frente a amenazas y agresiones.
La Seremi destacó la urgencia de avanzar en este proyecto como parte de un esfuerzo mayor por devolver tranquilidad a los barrios. «Este no es solo un tema de seguridad pública, es de justicia y reconocimiento. Los dirigentes sociales son la primera línea en nuestras comunidades, organizando, gestionando y enfrentando problemáticas complejas, muchas veces a riesgo de su propia integridad. Este proyecto busca darles el respaldo legal y la protección que tanto necesitan», señaló Moraga.
Sandra Cortés, dirigente vecinal de Nueva Aurora, explicó la difícil situación que enfrentan a diario al momento de realizar su trabajo como líderes vecinales indicando que “no tenemos seguros, no recibimos recursos y vivimos constantemente bajo amenazas. Es vital que el Parlamento destrabe este proyecto y reconozca el valor de nuestra labor. Necesitamos herramientas para protegernos y seguir trabajando por nuestros barrios.»
Por su parte, Jacqueline Adriazola, presidenta de la Junta de Vecinos de Forestal Bajo en Viña del Mar, subrayó que las agresiones a dirigentes no pueden seguir normalizándose: «Somos los ojos y oídos de nuestras comunidades. Hemos sufrido amenazas de narcotraficantes y malos tratos de quienes no respetan nuestra labor. Este proyecto es crucial para nuestra protección.»
El diputado Jorge Brito también estuvo presente, escuchando las peticiones de los vecinos y vecinas, ya que a su juicio la protección a dirigentes sociales no es solo una necesidad urgente, sino una medida clave para combatir el crimen organizado ya que «cuando un dirigente social es atacado, lo que se busca es desarticular la comunidad y tomar el control territorial. No podemos permitirlo. Este proyecto debe ser ley en 2025 para garantizar la seguridad de quienes trabajan desinteresadamente por todos nosotros.»
La propuesta, presentada por el Gobierno, busca reconocer oficialmente a los dirigentes sociales en la legislación chilena y establecer agravantes en el Código Penal para quienes los agredan física o psicológicamente. Además, contempla medidas de seguridad como órdenes de alejamiento efectivas y garantías como el fuero laboral, similar al de los dirigentes sindicales.
«Este es un proyecto ambicioso que pone en el centro a quienes representan el alma de nuestras comunidades. Reconocer su labor es proteger el tejido social de nuestra región. Estamos trabajando junto a ellos, no solo para reactivar esta ley, sino para construir barrios más seguros y unidos,» concluyó Moraga.
Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de las autoridades y dirigencias sociales por impulsar el proyecto en el Congreso, y se espera que en las próximas semanas se concreten reuniones con parlamentarios para destrabar su tramitación.
