Destacando los procesos de fiscalización y el entrenamiento que reciben los funcionarios, el Servicio Nacional de Aduanas participó en el seminario internacional “Cuestiones importantes en la lucha contras las falsificaciones en América del Sur”, organizado por IACC (International AntiCounterfeiting Coallision).
El jefe del Departamento Control de Tráfico Ilícito de la Subdirección de Fiscalización, Carlos Escudero, fue uno de los expositores del primer panel denominado “Medidas de Aduanas”, donde junto a expertos de otros países explicó la forma en que ha trabajado la Aduana chilena durante este período y entregó algunas cifras que reflejan esta labor que es parte del Plan Nacional de Propiedad Intelectual.
“Antes que llegue la carga tenemos herramientas de análisis y para esto son importantísimas las unidades de análisis de riesgo que tenemos en cada una de las Aduanas del país… Por tanto, cuando la mercancía queda seleccionada y pasa a la revisión física ya van con algunos indicadores de riegos concretos”, señaló Escudero para contextualizar la manera en que se fiscaliza actualmente, donde la revisión documental previa de las cargas y el trabajo directo en los puntos de control, “en la línea”, son muy relevantes.
De la misma forma, destacó el entrenamiento constante que reciben los funcionarios para poder detectar productos falsificados y que durante este período de pandemia esto no se ha detenido, incluso se ha intensificado. Este año ya se han realizado 18 capacitaciones y, gracias a las posibilidades de las videoconferencias, se ha logrado convocar a 926 funcionarios de Aduanas de todo Chile.
En la misma línea, Carlos Escudero detalló que entre enero y septiembre del 2020 se han realizado 949 procedimientos de suspensión de despachos, logrando decomisar a la fecha 5,2 millones de unidades de productos falsificados de todo tipo, evaluados en US$49 millones.
Finalmente, el jefe del Departamento Control de Tráfico Ilícito de la Subdirección de Fiscalización de Aduanas resaltó que, para poder seguir profundizando esta labor, que es esencialmente de protección de la ciudadanía y el comercio exterior, es clave la coordinación pública y privada y el cumplimiento voluntario de la normativa por parte de las empresas.