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A través de un conversatorio en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar, el Director Regional (s) del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), Boris Rubiño, presentó los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Discapacidad. El estudio, además de identificar cuántas personas viven con esta condición en la región, permite hacer una caracterización por nivel de estudios, edad y extracción socioeconómica.
Los resultados de la encuesta establecieron que el 16,5% de las personas adultas de la región viven en situación de discapacidad. Esta cifra es similar al porcentaje nacional, que llega al 17,6%. Respecto al grado de severidad, un 6,3% presenta discapacidad leve o moderada y un 10,2% severa.
Respecto a los resultados de la encuesta, la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza, estableció que “es de un valor tremendo conocer estos datos, puesto que nos permite tener una mirada más integral de cuáles son las necesidades específicas de un segmento de la población que muchas veces es invisibilizado. La lógica de rascarse con las propias uñas queda corta y recabar información que nos permita generar políticas públicas para asistir y acompañar es fundamental”.
Por su parte, el Director Regional (s) de SENADIS, Boris Rubiño, señaló que “gracias al estudio podemos indicar que se identifican distintas brechas de exclusión social que permitirán desarrollar políticas públicas más oportunas en materia de inclusión para personas con discapacidad, tanto en el país como en la región”.
Datos regionales
La distribución del porcentaje de discapacidad en la población adulta según sexo mantiene la tendencia nacional, pues en las mujeres hay mayor prevalencia de discapacidad comparado con los hombres. Del universo de mujeres adultas en la región, un 19,7% son personas con discapacidad, mientras que en los hombres adultos en la región dicho porcentaje es de 13,1%.
Tanto a nivel regional como nacional, el porcentaje de discapacidad aumenta según tramo de edad. Mientras que entre los 18 y 44 años, el 10,1% son personas con discapacidad, en el tramo de 45 a 59 años, el 15,5% son personas con discapacidad, y en la población de 60 años y más, el 31,8% son personas con discapacidad. Al comparar los promedios de edad de la población adulta con discapacidad y sin discapacidad, el de la población con discapacidad es de 55,5 años y el de la población sin discapacidad es de 43,7 años.
También se evidencia una correlación entre ingreso autónomo per cápita del hogar con la discapacidad: al comparar el porcentaje de discapacidad de la población, se evidencia que en los quintiles de menores ingresos hay mayor prevalencia, pues en los quintiles I y II, un 19,2% corresponde a población con discapacidad, y en los quintiles III al V, un 14,7%.
Los indicadores de educación muestran que la población adulta sin discapacidad tiene, en promedio, más años de escolaridad que la población adulta con discapacidad. En la región, las personas sin discapacidad tienen un promedio de 12,3 años de escolaridad, mientras que la población con discapacidad alcanza solo 10 años de escolaridad.
Respecto a la situación de empleo, los datos evidencian las brechas de inclusión laboral. El 40,8% de la población adulta con discapacidad está ocupada, frente al 60,8% de la población sin discapacidad. Respecto a la población que participa del mercado laboral, es decir, que está disponible para trabajar (ocupado o desocupado), en la población con discapacidad es un 43,1%, comparado con un 66,9% de la población sin discapacidad. A la vez, la población inactiva (que no trabaja y que no está buscando empleo por diversas razones), es un 56,9% de la población con discapacidad, frente al 33,1% en la población sin discapacidad.
Respecto a la dependencia, se identifica como persona en situación de dependencia a aquellas personas con discapacidad que, debido a su salud, requieren de la asistencia de otra persona para realizar algunas tareas o actividades en su vida diaria. Del total de personas adultas con discapacidad, el 54,4% se encuentra en situación de dependencia.
La situación de dependencia aumenta según aumenta la edad: de los adultos con discapacidad de entre 18 a 59 años, el 46,7% está en situación de dependencia, mientras que en los adultos con discapacidad de 60 años y más, el 63,8% está en situación de dependencia.
También se establece un aumento de situaciones de dependencia en tanto hay una situación socioeconómica desmejorada: en los quintiles de menores ingresos existe un mayor porcentaje de personas en situación de dependencia, sin embargo, en la región la distribución es similar entre quintiles. Mientras el 54% de la población con discapacidad en los quintiles de más bajos ingresos está en situación de dependencia, en los quintiles de mayores ingresos (III, IV y V), el porcentaje de personas en situación de dependencia es menor (54,8%).
En relación a las personas que cuidan, el 55,4% de las personas en situación de dependencia indica que cuentan con al menos una persona que le presta asistencia permanente para realizar actividades de la vida diaria.
En temáticas de salud, respecto a la prestación de salud, un 92,6% de la población con discapacidad se atiende por Fonasa, a diferencia de un 86,7% de la población sin. Respecto a la declaración de enfermedades, las personas con discapacidad indican tener una mayor cantidad de condiciones de salud, ya que el 68,9% reporta tener 3 o más condiciones de salud, frente al 19,7% de las personas sin discapacidad.
De manera similar, el 48,1% de las personas con discapacidad señala tener alguna condición de salud permanente y/o de larga duración, proporción mayor que el 7,4% de las personas sin discapacidad. En relación a las ayudas técnicas, el 8,2% de las personas con discapacidad indica no tener ayuda técnica pero sí necesitar una, y el 33,7% utiliza alguna ayuda técnica, y requiere de otra adicional.
