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Esta semana el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que busca avanzar en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad, determinando una serie de medidas que respeten su autonomía, decisiones y preferencias. Esta iniciativa contempla cambios al Código Civil y establece un nuevo procedimiento de interdicción.
En este sentido, Catalina González, encargada del área “Tránsito a la Vida Independiente” de la FCHD, destacó que “valoramos de forma positiva cualquier iniciativa que permita garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad, y por supuesto que este proyecto nos permitirá eliminar de manera progresiva el estereotipo que se tiene de las personas en esta situación, que son incapaces de manera casi inherente”.
En tanto, Matías Poblete, presidente de la FCHD recalcó que “un asunto importante es lo que dice la norma respecto del reconocimiento hacia las personas en situación de discapacidad como personas que pueden ejercer su capacidad jurídica, pero más relevante aún es poder llevar a cabo esta capacidad jurídica y cómo se va a manifestar en términos prácticos, cuáles van a ser los servicios de apoyo con los que van a contar las personas en situación de discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica y cómo esto se va a ir validando en el sistema judicial”.
La nueva normativa crea un estatuto de facilitadores y asistentes como figuras de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y en este punto, Catalina González, manifestó que “nos mantenemos alerta como FCHD a la creación de estas dos figuras de apoyo que propone el proyecto. Según la normativa serían designadas judicialmente, pero también es necesario ir especificando si estas personas van a ser capacitadas o no, cuáles van a ser las funciones y las limitaciones que van a tener, porque no es el objetivo que se transformen nuevamente en apoderados de personas en situación de discapacidad, sino que transmitan fielmente la voluntad de las mismas”.
Finalmente, Matías Poblete, insistió en que “un asunto no menor, y más allá de lo que compete la justicia, es poder avanzar hacía que las personas en situación de discapacidad también puedan ejercer su voluntad y autonomía no sólo en lo que respecta a asuntos jurídicos, sino que también en decisiones de la cotidianidad, que sin lugar a dudas afectan positiva o negativamente a su plena inclusión”.
