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Luego de dos años en que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia, finalmente, los estudiantes pudieron retornar a sus planteles educacionales, donde volvieron a resurgir las problemáticas que deben enfrentar los alumnos/as en situación de discapacidad en la educación superior.
Según una publicación del DEMRE, 275 mil postulantes rindieron la PTU y más de 4 mil postulantes en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales solicitaron el proceso de admisión especial, sin embargo, no existe una cifra clara de cuántos lograron ingresar a la educación superior. Tampoco hay información pública que permita evaluar a las instituciones en aspectos como comunidad inclusiva, ajustes y accesibilidad universal.
La Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), realizó un reporte consultando a 16 representantes de diferentes planteles de educación superior y formación técnica. En el proceso de matrícula, seis instituciones hacen al menos una pregunta que les permite identificar a sus estudiantes con discapacidad y sólo cinco cuentan con un registro único de los alumnos con estas características. Además destacaron la problemática de que las instituciones no están obligadas a cumplir con medidas inclusivas.
El 30 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Educación publicó un documento que contiene los nuevos Criterios y Estándares de calidad para el proceso de acreditación. En este sentido, Matías Poblete educador diferencial y presidente de la FCHD, señaló que “la incorporación de la inclusión como criterio presente en el nuevo sistema de acreditación es un gran avance, sin embargo, la descripción que define dichos criterios no clarifica cuales deben ser las acciones concretas que los establecimientos tendrán que ejecutar.”
Además, agregó que “sobre todo comprendiendo que existen recomendaciones internacionales que sí son claras, como lo diagnosticado por el Banco Mundial donde la accesibilidad a los materiales de aprendizaje, tecnologías de apoyo, incorporación de programas educativos flexibles e inclusivos, capacitación socioemocional a todos los profesionales, son medidas que se deben garantizar en la educación primaria y, con el mismo ímpetu, en la educación superior”
En la misma línea, Poblete manifestó que “debemos considerar que los nuevos criterios y estándares de calidad, a consecuencia de la crisis sanitaria recién serán evaluados a partir del 2023, por lo demás, los procesos de acreditación son extensos. Las instituciones ya acreditadas deben cumplir 7 años para ser nuevamente evaluadas, mientras tanto los estudiantes con discapacidad continúan esperando acceder en igualdad de condiciones a la educación superior.”
Finalmente, desde la fundación recalcaron que “en temas legislativos, entre 2018 y 2021 existen 4 proyectos de ley en materia de educación que benefician directamente a las personas en situación de discapacidad, a la fecha sólo uno de ellos está publicado y ninguno hace referencia a la educación superior.”
