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El 16 de agosto del año pasado el gobierno anterior promulgó el Decreto Supremo 51, el cual tenía una validez hasta marzo de este año. ¿Su objetivo? Decretar medidas preventivas relacionadas al suministro eléctrico del país.
No obstante, su validez se extendió hasta el 30 de septiembre de 2022, gracias a una prórroga aprobada por la Contraloría durante el mes de marzo.
El constante problema de la sequía y las medidas que se adoptarán por ello (posible racionamiento del agua), hacen pensar: ¿es posible que mediante el Decreto Supremo 51 se lleve a cabo un racionamiento eléctrico en todo Chile?
Lo cierto es que, efectivamente se han estudiado los escenarios más complejos en donde el racionamiento de electricidad se tendría que realizar en zonas como Puerto Montt y Chiloé, pero el decreto del Gobierno no contempla ese tipo de medidas.
Tal como lo señaló el ministro de Energía, Claudio Huepe, una modificación en la misma normativa pretende que esta actúe como una serie de medidas que buscan prevenir cortes programados de energía eléctrica.
¿Por qué la sequía puede afectar el suministro eléctrico?
Dentro de las medidas que comprende el decreto preventivo, está la obligación que tendrá el Coordinador Eléctrico de organizar el trabajo de las centrales hidroeléctricas de tal forma que, se garantice una reserva de agua que permita satisfacer la demanda energética en periodos de crisis.
Justamente, allí radica la relación que tiene la escasez hídrica con el problema eléctrico, ya que en Chile existe una gran cantidad de centrales hidroeléctricas que precisan de agua para generar energía, por lo que la actual sequía pone en riesgo esa generación.
Es por esta razón que el Gobierno ha tenido que postergar el cierre de algunas centrales a carbón previsto para este año, ya que a pesar de que van en contra de la política sustentable que quiere seguir el país, son capaces de asegurar la generación de energía para cubrir parte de la demanda.
Una nueva mesa de trabajo abordará el problema
Para trabajar en soluciones que permitan resolver esta problemática, Claudio Huepe convocó a un panel compuesto por los principales actores de la industria energética de Chile, para conformar un Grupo de Seguridad Eléctrica.
En esta mesa de trabajo miembros de empresas ligadas a la generación, transmisión y distribución plantearán su punto de vista para fortalecer la seguridad eléctrica de cara a los años 2022 y 2023, poniendo énfasis en el problema de las hidroeléctricas.
Una de las organizaciones que ya ha entregado algunas sugerencias de cara al futuro es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), quienes el pasado mes indicaron una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo.
Dentro de las medidas que más destacan es trabajar para expandir y robustecer el Sistema Nacional de Transmisión, disponiendo de más vías por donde la electricidad generada en diferentes puntos del territorio pueda transportarse. En este sentido, proyectos como Tineo – Ancud en Chiloé o la megalínea HVDC Kimal-Lo Aguirre van en sintonía con esta propuesta.
Teniendo una mayor capacidad y extensión en los servicios de transmisión, los expertos creen que es posible darle solución al problema eléctrico. No obstante, todo va de la mano con la generación de proyectos de energía renovable y almacenamiento.
