Jaime Bassa: “En lugar de pensar en suspender el plebiscito, debemos evaluar alternativas para su realización”

En las últimas semanas han surgido propuestas de algunos políticos de derecha de postergar nuevamente el plebiscito constituyente e incluso de eliminarlo y trabajar en un acuerdo para la realización de una nueva constitución por parte del Congreso.

Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa explica que “para que se cambie la fecha del plebiscito es necesario un acuerdo transversal. No es una decisión que pueda tomar unilateralmente el Presidente de Chile ni una mayoría en el Congreso, porque se requieren dos tercios de los parlamentarios actualmente en ejercicio, además de una reforma constitucional. Es poco probable que esto suceda, porque el compromiso por parte de importantes sectores de la oposición de avanzar en los cambios constitucionales y constituyentes está bastante consolidado”.

Bassa también explicó que la extensión del estado de catástrofe no afectaría la realización del plebiscito, ya que “la mayoría de las medidas sanitarias que se han adoptado – toque de queda, cuarentenas y cordones sanitarios- ha sido ejerciendo las competencias que la legislación regular entrega a la autoridad. Lo que podría eventualmente justificar un retraso del calendario constituyente es que al mes de octubre la crisis sanitaria aún esté vigente, es decir, con una tasa de contagios y mortalidad muy alta. En ese caso sería razonable postergarlo, pensando en que necesitamos que la nueva constitución sea legítima y, por lo tanto, se requiere una tasa de participación política alta”.

“Otro punto es la destinación de recursos para el plebiscito constituyente, pero no solo se remite a éste. Hoy no tenemos plena certeza sobre la forma en que se han estado utilizando los recursos de emergencia de que dispone el gobierno con ocasión de la pandemia. Estoy pensando no solamente en los recortes estructurales que ha habido en materia de gasto público, sino que también en la forma en que el Presidente ha dispuesto de ese 2% que permite la Constitución. Entonces, es difícil pensar que la disponibilidad de recursos podría afectar el proceso constituyente, siendo que ni siquiera sabemos cómo se ha ejecutado el presupuesto durante la excepción”, añadió.

Mejorar las condiciones institucionales

Detalló, además, que ante la contingencia es importante mejorar las condiciones institucionales: “En lugar de pensar en suspender el plebiscito, debemos evaluar alternativas para su realización. En el caso de que se desarrolle en octubre y el virus siga activo, probablemente en septiembre debiéramos evaluar opciones, como el voto electrónico. El problema de éste es que genera una gran cantidad de información y datos, y no se sí si hay una repartición pública que pueda manejarlo y es difícil confiar en que una empresa privada pueda hacerlo de manera transparente e imparcial. La otra complicación es que la penetración digital no es homogénea en todo el territorio, con sesgos en materia campo-ciudad y una brecha importante en términos de clases sociales. Si fuera necesario adoptar medidas especiales para evitar aglomeraciones con ocasión del plebiscito, probablemente habría que avanzar hacia votación electrónica, encargándonos de estos problemas. Probablemente habría que optar por un sistema mixto con votación presencial en comunas rurales, que tienen una brecha digital importante, y votación electrónica en las grandes ciudades, para evitar las aglomeraciones”.

“Hay que pensar qué va a pasar con las primeras semanas de campaña, que empezarían más o menos a finales de agosto, y proyectar esa dificultad hacia las semanas siguientes, porque quizás durante esa fecha no vamos a estar en las condiciones de volver a las calles de manera plenamente normal, pero probablemente sí hacia fines de septiembre o principios de octubre, cuando la primavera esté más instalada en el país. El punto está en que las decisiones se deberían ir tomando de manera colectiva y democrática a medida que vaya pasando el tiempo, evaluando la forma en que la institucionalidad responde a la pandemia”, subrayó.

Problemas del diseño institucional

El docente explicó que la pandemia “ha puesto en evidencia muchas de las limitaciones e incluso las miserias de nuestro sistema. Desde el estallido social se venía discutiendo sobre aquellos derechos sociales que dan forma a la cotidianeidad: salud, vivienda, trabajo, educación y seguridad social, entre otros. Desde marzo a la fecha esa reflexión crítica que estábamos teniendo como sociedad en torno a las formas como ejercíamos estos derechos se fue radicalizando, precisamente porque las condiciones de ejercicio de estos se fueron empobreciendo cada vez más. También lo observamos en materia política, del funcionamiento institucional y del proceso constituyente, ya que vemos problemas no solamente para poder mantener la discusión activa, sino que incluso la manifestación de las voluntades políticas derechamente asociadas con el proceso constituyente”.

“Sobre el centralismo, muchas prácticas políticas e institucionales muestran que el modelo chileno es muy funcional a la concentración del poder, económico y político, y en este caso territorial, ya que beneficia a Santiago en desmedro de las otras regiones. El problema es que en este tipo de situaciones límite, que es cuando podemos ver hasta dónde llega el problema de nuestro diseño institucional, vemos que decisiones importantes se están tomando con criterios muy tecnocráticos, básicamente en el palacio de La Moneda y sin considerar a los alcaldes, por ejemplo. Chile es un país muy complejo territorial y demográficamente, y no todas las decisiones pueden tomarse tecnocráticamente desde el palacio de gobierno. Tenemos un importante desafío que conecta las dos crisis: la crisis social del 18 de octubre y la crisis sanitaria que tenemos hoy día”, cerró.