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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la inyección de 513 millones de pesos al Servicio Médico Legal, para la implementación de un plan que reduzca la brecha de salud mental que permita acelerar la realización de peritajes en el marco de las investigaciones de causas de posibles violaciones de Derechos Humanos, y dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio Público pendientes durante la crisis sanitaria, así como el retardo que existe en brechas de pericias psiquiátricas.
La inversión también considera optimizar los tiempos de respuesta para peritajes de Salud Mental, con la contratación de personal y ampliación del sistema de turnos. Esto incluye más de 1.000 pericias psiquiátricas como casos de violaciones a los derechos humanos, informes psiquiátricos de imputabilidad, victimas de abusos sexuales y para personas privadas de libertad.
La iniciativa fue anunciada en una reunión de trabajo en la que participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; los subsecretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el Director Nacional del SML, Dr. Gabriel Zamora.
El plan para la fortalecer la realización del denominado Protocolo de Estambul (Naciones Unidas, 2000), que incluye procedimientos de evaluación clínica y mental (física y sicológica) para acreditar signos de tortura por parte de agentes del Estado, incluirá mayores recursos y contará con un equipo de trabajo de 130 profesionales acreditados del SML, quienes tendrán el objetivo completar los peritajes en cerca de 900 causas a más tardar en el mes de noviembre.
Esta medida fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, y definida en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, conformada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, e integrado por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría Nacional, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Colegio de Abogados. En ella se creó una Subcomisión, encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el fin de coordinar el plan de realización de pericias.
Sobre el anuncio, el Ministro Hernán Larraín dijo que “para nuestro Gobierno siempre ha sido una prioridad que se esclarezcan y se investiguen las causas de posibles violaciones a los Derechos Humanos, de modo que los tribunales puedan sancionar a los responsables. Esperamos que con estos nuevos recursos se pueda avanzar más rápido en la realización de los peritajes, cerrar la brecha existentes en pericias de salud mental, y dar así un término a los casos que se encuentra investigando el Ministerio Público”.
El Director Nacional del SML, Dr. Gabriel Zamora, explicó que «es una responsabilidad que nuestro Servicio debe asumir y nuestros equipos están preparados técnicamente para hacerlo. Esta reasignación de recursos nos permitirá dar la respuesta oportuna que requieren estas causas, y trabajaremos en conjunto con el Ministerio Público para que podamos avanzar, de aquí a noviembre, en concluir con los casos pendientes».
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, José Tomás Bartolucci, indicó que «el fortalecimiento que implica esta importante inyección de recursos para el Servicio Médico Legal, nos permitirá avanzar de manera más rápida y decidida en las investigaciones por vulneraciones a los Derechos Humanos que lleva adelante el Ministerio Público, y que se encuentran, en la actualidad, esperando la realización de peritajes bajo el protocolo de Estambul».
El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), es una iniciativa adoptada en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas. Es reconocido como un estándar internacional con lineamientos que permiten investigar y constatar adecuadamente los alegatos de tortura y/o malos tratos, y como un instrumento que permite a abogados, médicos y psicólogos investigar y documentar los efectos en las personas que denuncien haber sufrido tortura y malos tratos, como también lineamientos para comunicar adecuadamente dichos hallazgos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.
