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Diputados de distintas bancadas políticas, ingresaron esta mañana la Acusación Constitucional, impulsada por el diputado Andrés Longton, en contra de la jueza que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, investigado por violación y femicidio contra la menor Ámbar Cornejo en Villa Alemana.
Andrés Longton, acompañado de los diputados de RN, Érika Olivera, Catalina del Real, Gonzalo Fuenzalida, Eduardo Durán y Miguel Mellado, Harry Jurgensen, Hugo Rey; el UDI, Osvaldo Urrutia, los DC Daniel Verdessi e Iván Flores, y Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista, destacaron la transversalidad del libelo: “Esto no se trata de colores políticos. Se trata de justicia, de humanidad frente a una decisión que tanto dolor y daño le causó a Chile», aseguraron.
Andrés Longton, impulsor de la acusación, señaló que “vamos a demostrar que este no es un hecho aislado, el de Hugo Bustamante, este psicópata que no tenía ni una pizca de rehabilitación ni de arrepentimiento, lo cual constaba en los informes. Vamos a acreditar que se trata de actos deliberados y constantes de omitir informes que son sustanciales a la hora de tomar la determinación de dejar en libertad a internos”.
Respecto de los fundamentos de la acusación, Longton respondió “si nos basáramos sólo en elementos objetivos para otorgar las libertades, no necesitaríamos de jueces, necesitaríamos de una tabla excel, de un check list, por lo que los elementos contenidos en los informes son fundamentales para determinar si la persona que busca recuperar la libertad está en condiciones de salir al medio libre sin ser un peligro para la sociedad”.
Lo que reafirma el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba: “Esta acusación se basa principalmente en el grave error cometido por esta jueza en no considerar los informes negativos de gendarmería no sólo frente al asesino de Ámbar, sino que frente a otros 788 casos”.
Por su parte, el diputado Iván Flores (DC) dijo que “las autoridades del Gobierno y del poder legislativo pueden ser fiscalizadas, pero la pregunta que uno se hace es ¿Por qué las autoridades del poder judicial no? Este es un instrumento que estamos utilizando dentro de nuestro deber constitucional. El proceso verá que tan culpable es esta Ministra de Corte, y si la actuación fue un error imperdonable o negligencia. Esperemos que el procedimiento en el transcurso aclare estos puntos, en los cuales la Ministra tendrá el derecho de expresar su defensa y los parlamentarios plantear nuestros cuestionamientos”.
Mientras, el jefe de bancada de los diputados de la DC, Daniel Verdessi aseguró que “creo que aquí hay una acción específica que ha producido un daño tremendo social, que se verifica por este crimen, por este psicópata desalmado que de ninguna manera se rehabilitó, y esta acción específica tiene un nombre y un apellido que es la ministra Silvana Donoso”, precisó el parlamentario falangista.
El diputado Gonzalo Fuenzalida, reiteró el llamado a la oposición y especialmente a las mujeres que han defendido los derechos de las mujeres y han condenado sus abusos, y destacó que “nos habría encantado que otras parlamentarias que han estado en esas mismas peleas también se hubieran sumado a esta acusación, porque creemos que finalmente, independiente de los argumentos jurídicos, que los tiene esta acusación, es que la falta de criterio y cuidado con la sociedad, la falta de cuidado con las víctimas que sufrieron los delitos por los cuales estos delincuentes fueron condenados, no puede ser gratis”.
Finalmente, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) reiteró el llamado a sus colegas de la oposición a estudiar “en profundidad lo que ha significado esto en el Poder Judicial, pero también en la ciudadanía porque además todo Chile está juzgando y está mirando lo que nosotros estamos haciendo a partir de una persona que mató, que violó, que descuartizó a una joven, pero también a una madre y a un menor. Esperamos que hoy a los diputados a los que les va a tocar votar entiendan que aquí hay un bien superior, tiene que ver con el bien común del país y con la justicia”.
El texto
El libelo considera dos capítulos acusatorios. Uno por notable abandono de deberes, por haber aplicado un criterio torcido y arbitrario de la ley, y no haber sido imparcial en la aplicación de la misma. El segundo capítulo habla de la transgresión de tratados internacionales respecto a la vulneración de niños, niñas y adolescentes y además, las sanciones acordes a delincuentes que cometan delitos graves. También se refiere al deber de respetar y deliberar respecto de informes administrativos que constituyen el único elemento de juicio del que disponen los jueces de libertad condicional.
Al cierre de esta nota, el documento había sido firmado, además del impulsor, Andrés Longton, por los diputados Erika Olivera (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Eduardo Durán (RN), Catalina del Real (RN), Osvaldo Urrutia (UDI), Luciano Cruz Coke (EVO), Iván Flores (DC), Harry Jurguensen (RN), Miguel Mellado (RN), Daniel Verdessi (DC) y Hugo Rey (RN). Sin embargo, Longton anunció que otros parlamentarios concretarán sus apoyos dentro de las próximas horas.
