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El senador Francisco Chahuán dijo que el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio deben asumir las responsabilidades políticas que correspondan en el evento que la construcción del nuevo hospital Claudio Vicuña sufra un otro retraso y pidió que se clarifiquen una serie de dudas en torno al proceso, que proyectaba para 2018 la entrada en funciones del recinto asistencial.
Chahuán manifestó su preocupación por que los “$9 mil millones que conseguimos en la Ley de Presupuesto para las obras podrían quedar en entredicho, lo mismo que los $2 mil millones asignados por el Gobierno Regional”, considerando que hay posibilidad de que el proceso de adjudicación se resuelva a fines de octubre, si es que la Contraloría no hace cuestionamientos y las empresas estén en condiciones de reunir las documentación exigida.
Por eso, hizo un llamado a actuar “con más responsabilidad y celeridad, para resolver adecuadamente en torno al hospital que es la esperanza de los sanantoninos”.
El senador por la zona lamentó la situación y recordó que “fue gracias al movimiento social y la acción coordinada de los parlamentarios de San Antonio que se obtuvieron los recursos”, por lo que exigió la clarificación de una serie de dudas técnicas, tales como las razones por las cuales de las cinco ofertas presentadas, sólo dos fueron aceptadas”.
Afirmó además que “el Ministerio debe transparentar el costo real del valor del Hospital funcionando, como también por qué el permiso de edificación señala 57.700 metros cuadrados, en circunstancias que lo que está licitado son 27.700 metros cuadrados de superficie.”
Chahuán reiteró que “tal como ya lo hemos sostenido, acá ha habido improvisación y no se debe olvidar el compromiso de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio de que los recursos conseguidos con la fuerza social en la Ley de Presupuesto iban a ser ejecutados en construcción durante este año.”
Agregó que “los plazos están acotados y si bien se ha anunciado que las obras se van licitar en octubre, habrá que ver si las empresas cumplen con todos los antecedentes que deben entregar, si existirá la capacidad técnica en el propio servicio para revisarlos y finalmente si Contraloría no observa finalmente el proceso.”
