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Este lunes 11 de marzo, la Corte Penal Internacional recibirá a la delegación nacional que viajó hasta la Haya en representación de 620 abogados chilenos que presentaron una denuncia, el pasado 23 de diciembre, en contra del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el Ministro de Defensa, Yoav Gallant y otros altos funcionarios políticos y militares de dicho Gobierno.
La acción penal acusa delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma, solicitando además. su detención preventiva para asegurar su comparecencia.
La delegación será encabezada por el Senador y Presidente de las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del Senado de Chile, Francisco Chahuán, el abogado penalista y litigante, Juan Carlos Manríquez. el ex embajador Nelson Hadad y el abogado Rodolfo Marcone.
“En las últimas semanas hemos visto como la violencia y los ataques han recrudecido en la Franja de Gaza, incluso con denuncias de bombardeos sobre hospitales y zonas residenciales. Esta presentación busca acreditar el genocidio que se está produciendo en Gaza, el desplazamiento forzado de personas, crímenes de guerra y particularmente la vulneración del derecho internacional humanitario. Acá se está pidiendo las responsabilidades penales de Netanyahu, para forzar el cese al fuego de manera inmediata”, expresó el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chahuán.
“Los responsables deben comparecer ante la Justicia y queremos que la justicia internacional se imponga y en esa calidad, representamos a los 620 abogados chilenos, que hemos presentado esta denuncia, confiados en que este es un paso que simboliza la lucha contra la impunidad de crímenes abominables”, agregó el ex embajador Nelson Hadad.
Durante la jornada del próximo lunes ya se han concertado reuniones con diversas autoridades de la Corte Penal Internacional, con el fin de aportar nuevos antecedentes y evidencias para la acreditación jurídica y fáctica de los ilícitos Internacionales cometidos contra la población civil palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, a fin de evitar la impunidad y sancionar a los responsables.
