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Un proyecto de acuerdo solicitando al Presidente Boric que envíe al Congreso una iniciativa que exima del pago de contribuciones a las propiedades que han sido usurpadas o destruidas en ataques incendiarios, presentaron los senadores Carmen Gloria Aravena, José García Ruminot y Rafael Prohens.
El fundamento de la iniciativa, que contó con 26 firmas y fue aprobada por 25 votos a favor y una abstención, es que tanto la usurpación como los atentados incendiarios a inmuebles impiden a las familias afectadas ejercer las facultades más básicas del dominio, como son el uso, goce y la disposición de la propiedad, por lo cual es injusto que además tengan que pagar el impuesto territorial.
La situación es especialmente crítica en la Macrozona Sur ya que, de acuerdo a cifras de Carabineros, entre 2020 y el primer semestre de este año, se han registrado 481 usurpaciones en las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco. En tanto, 627 inmuebles fueron incendiados en el mismo período en esa parte del país.
Para los legisladores, el no poder habitar sus viviendas, no puede ser atribuible a la responsabilidad de los propietarios, sino a la completa inacción del Estado, que ha sido incapaz de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales en la Macrozona Sur.
En esa línea, la senadora Aravena indicó que “resulta inentendible que las familias propietarias no pudiendo vivir o trabajar en la propiedad debido a la negligencia del Estado, además tengan que pagar contribuciones”.
Los congresistas lamentaron que la situación es más compleja aún, porque si las contribuciones no son pagadas, puede significar el embargo y posterior remate de la propiedad, aseverando que “el mayor absurdo de esto es que la propiedad de una familia que fue usurpada o destruida en un atentado incendiario provoca que el propietario sea despojado de lo suyo y no pueda pagar las contribuciones, donde luego el Estado, que previamente no le otorgó seguridad, además lo castigue quitándole la propiedad. Esta situación injusta no puede ser admisible en nuestro Estado Democrático de Derecho”.
El senador García indicó que “necesitamos poner al día nuestra legislación, que tiene más de 140 años. Un informe de Carabineros advierte que las limitaciones se enmarcan en la cuantía de la pena, dado que el delito de usurpación tiene penas de multa y no proceden las medidas cautelares. Asimismo, existe un informe sobre cómo se ha desarrollado el delito de usurpación estos últimos meses: el 22% de las denuncias proviene de organismos del Estado, entre ellos, las municipalidades. Por lo tanto, éste es un instrumento, una modernización de nuestro ordenamiento jurídico, que también es requerido por organismos del Estado. Aquí hay chilenos y chilenas que a diario sufren la pérdida de sus propiedades, mientras que los agricultores pierden la posibilidad de trabajar porque simplemente alguien les impide sembrar, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”.
Por lo mismo, los senadores firmantes del proyecto de acuerdo, aprobado con 25 votos a favor y una abstención, solicitaron al Presidente Boric un texto legal que modifique las disposiciones vinculadas a la ley N°17.235 sobre impuesto territorial, permitiendo a la Tesorería General de la República eximir del pago de contribuciones a aquellas viviendas usurpadas o destruidas por ataques incendiarios.
