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De acuerdo con el último fallo de la Corte Suprema de fecha 30 de mayo de 2022, donde se instruye a la seremi Minvu Valparaíso emitir un nuevo pronunciamiento sobre la petición de demolición del Hotel Punta Piqueros, solicitada por la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Valparaíso, la Secretaría Regional Ministerial realizó la notificación de demolición a la inmobiliaria a cargo del proyecto.
Al respecto, la Seremi Minvu Valparaíso, Belén Paredes, declaró que “en primer lugar, queremos señalar que estamos acatando la sentencia de la Corte Suprema, que nos mandata a pronunciarnos con relación a nuestras facultades delegadas en el artículo 157 de La Ley General de Urbanismo y Construcciones”.
“Como institución, hemos realizado todos los esfuerzos normativos y jurídicos para abordar el caso asociado a la construcción del proyecto Hotel Punta Piqueros. En ese sentido, hemos respondido como entidad técnica precisando que se cumplen las dos causales que establece el artículo 157 para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal”, añadió.
Demolición
Luego de transcurridos 10 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución de demolición, sin que haya existido reclamación de ésta ante la justicia ordinaria, el SERVIU Regional procederá a iniciar las tramitaciones necesarias para llevar a cabo la aludida demolición, las que deben contemplar en todo caso con un proyecto y con las tramitaciones administrativas sectoriales que se requieran para acometer dicha medida, incluido con ello el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental.
Por otra parte la Cámara Chilena de la Construcción, a través de su presidente Juan Armando Acuña a través de un comunicado, señaló lo siguiente:
«La resolución conocida hoy es un paso más de un proceso que lleva más de una década de judicialización y, aun así no es definitiva. Es necesario esperar el desarrollo de otras múltiples instancias judiciales y administrativas que aún quedan por tramitar.
Sin embargo, como gremio nos preocupa nuevamente ser testigos de un ejemplo de proyecto de inversión que enfrenta problemas, producto de los múltiples flancos que tiene la institucionalidad y que dificultan la concreción de nueva inversión en el país.
La certeza jurídica es la base de toda iniciativa y casos como los conocidos hoy son perjudiciales y graves para lo que el país necesita.
Creemos que es urgente que los proyectos de reforma normativa que hoy están en discusión, se agilicen y realmente den solución a este problema. La coordinación, reducción de plazos y unificación de vías de reclamación en materias urbanas y ambientales son urgentes para destrabar la inversión pública y privada en Chile».
