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La Superintendencia de Educación Superior, institución que fiscaliza a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de todo el país, inició sus funciones en pasado 6 de mayo. Dentro de sus tareas está el resolver los reclamos que le presentan distintos miembros de las comunidades educativas, con el objeto de contribuir a resguardar sus derechos y resolver las controversias que se produzcan entre ellos.
En sus siete meses de funcionamiento, la SES ha recibido 1.210 reclamos contra planteles académicos. Para el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés Barros, esta cifra es significativa dada la breve existencia de la institución, lo que “refleja que, efectivamente, existía la necesidad de incorporar este nuevo actor, de manera de contribuir a resguardar los derechos de los miembros del sistema y ayudar a resolver las controversias que se produzcan entre ellos”.
“De un análisis preliminar, podemos señalar que muchos de los casos que hemos recibido podrían haberse resueltos fácilmente al interior de las propias instituciones, lo que muestra importantes espacios de mejora en los canales internos de información y procedimientos de comunicación de algunas instituciones”, aseguró el superintendente.
Dada su importancia, la autoridad de la SES anunció que en los próximos días se lanzará un nuevo sistema de atención ciudadana que entregará mayor transparencia de los procesos y una mejor experiencia, tanto a los usuarios como a las instituciones de educación superior.
“Durante la segunda quincena de enero vamos a implementar una nueva plataforma de atención ciudadana, que permitirá recibir los reclamos que la ciudadanía presente en materia de educación superior de manera más eficiente y rápida, permitiendo su sistematización. De esta forma, se contará con una muy buena herramienta para recoger información relevante sobre la realidad de cada institución y del sistema en general, lo que permitirá a la SES orientar su rol fiscalizador y normativo, proponer mejoras y orientaciones a las instituciones y contribuir a la autorregulación de éstas”.
Detalles de los casos
De las 1.210 presentaciones, 64,9% fueron dirigidos contra planteles universitarios; 24,1% a institutos profesionales y un 10% a centros de formación técnica.
Sobre los casos por región, 51,1% proviene de instituciones de educación superior de la Región Metropolitana. Le siguen la Región de Valparaíso (9,6%), del Maule (7,5%), y del Biobío (6,1%). (ver tabla).
De los 1.210 reclamos recibidos a la fecha por la SES, 211 han sido declarados inadmisibles por no cumplir con los requisitos de forma y/o fondo. De los 843 reclamos declarados admisibles, y por tanto tramitados, 551 han sido resueltos y 292 se encuentran con acciones de fiscalización en curso. De los casos resueltos, un 57,1% fue solucionado en favor del reclamante y el resto fue desestimado por diversas razones, tales como no tener mérito suficiente el reclamo, desistimiento por parte del reclamante, entre otros. Finalmente, 156 reclamos han sido derivados a otros organismos públicos por tratarse de materias de su competencia.
Respecto a las materias presentadas, 37,2% corresponden a temas relacionados con gestión institucional, tales como: desorden administrativo interno de la IES, incumplimiento de compromisos o de reglamentación interna, pérdida de beneficios estudiantiles atribuible a IES, entre otros. Un 22,9% por temas académicos y de convivencia, entre las cuales figuran presentaciones por cambios curriculares no informados, paros estudiantiles o de funcionarios de las IES; denuncia de hostigamiento, discriminación o bullying dentro de la IES, entre otras materias. Finalmente, un 17,1% apunta a materias relacionadas con el financiamiento de los estudios, tales como cobros erróneos o injustificados de aranceles, entre otros.
